El proyecto de resolución responde al mandato de la Ley 2485 de 2025, que establece un marco normativo para la reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago. En este contexto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) propone fijar valores máximos para el cobro por reconexión, diferenciando tarifas para servicios móviles y fijos, con valores que reflejan los costos eficientes asociados a las actividades técnicas y operativas necesarias para esta operación.

Antecedentes normativos y justificación del proyecto

El concepto recuerda el marco legal vigente, incluyendo la Ley 1341 de 2009 que regula el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Resolución CRC No. 5050 de 2016 sobre medidas de protección al usuario, y la Ley 2485 de 2025 que exceptúa del régimen de libertad tarifaria el valor de la reconexión y encomienda a la CRC definir los eventos y topes tarifarios aplicables. El regulador argumenta que el proyecto busca corregir la desalineación detectada entre los valores cobrados por reconexión y los costos eficientes, evitando cobros que incluyan conceptos no directamente asociados a la operación técnica, como gestión de cartera o disponibilidad de red. Esta medida se orienta a reducir barreras económicas para los usuarios, en especial los hogares de menores ingresos, y a fomentar la reducción de períodos prolongados de suspensión del servicio.

Características del proyecto de resolución

El proyecto establece dos tarifas máximas para cobro de reconexión: $275 para servicios móviles y $1.981 para servicios fijos, valores que se actualizarán anualmente mediante un índice combinado que pondera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de servicios y el Índice de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (ISS). Asimismo, fija como fecha de inicio de aplicación para los proveedores de servicios móviles el 16 de julio de 2026, mientras que recomienda precisar la fecha para el sector fijo, para garantizar claridad y previsibilidad regulatoria.

Análisis desde la libre competencia económica

La Superintendencia destaca que la intervención regulatoria busca promover condiciones equitativas de acceso y proteger los derechos de los usuarios, limitando cobros excesivos y promoviendo transparencia. No obstante, alerta sobre riesgos derivados de la metodología utilizada para fijar los topes tarifarios, basada en un modelo de empresa eficiente que podría subestimar costos reales, especialmente en servicios fijos. Comentarios de diversos agentes del sector señalan que el modelo excluye costos indirectos y no considera la heterogeneidad operativa y territorial de los proveedores, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera y la neutralidad competitiva. Entre los riesgos identificados se encuentran: - Traslado de costos a otros servicios no regulados (efecto waterbed), lo que podría aumentar el costo total para los usuarios. - Desincentivos al pago oportuno si el cobro por reconexión es percibido como marginal, incrementando la morosidad y los costos de gestión. - Impactos negativos en la calidad, continuidad del servicio y en la competencia, especialmente para operadores de menor escala o en zonas rurales. Sobre el índice de actualización tarifaria, se señala que, aunque combina indicadores relevantes, su ponderación debería justificarse cuantitativamente para reflejar con mayor precisión la estructura de costos real del sector y evitar distorsiones acumulativas que afecten la neutralidad competitiva.

Recomendaciones

Se recomienda a la CRC: - Reforzar la justificación técnica de la estructura de costos empleada para determinar los topes tarifarios, evaluando si existen rubros no adecuadamente reconocidos. - Justificar cuantitativamente la ponderación asignada en el índice de actualización tarifaria y establecer un mecanismo de revisión periódica para garantizar su adecuación. - Precisar de manera expresa el régimen temporal de implementación de los topes tarifarios para todos los proveedores, incluyendo la fecha de exigibilidad para servicios fijos. Estas recomendaciones buscan asegurar un equilibrio entre la protección al usuario, la sostenibilidad financiera de los operadores y la promoción de condiciones competitivas en el mercado de telecomunicaciones. Finalmente, se informa sobre los canales oficiales para el envío de solicitudes y comunicaciones relacionadas con conceptos de abogacía de la competencia y otros trámites ante la Superintendencia, enfatizando la importancia de la seguridad y previsibilidad jurídica para el desarrollo económico y social del sector. Con estas medidas, se espera fortalecer el marco regulatorio, garantizando un mercado más justo y competitivo que beneficie tanto a los usuarios como a los operadores del sector.