Antecedentes normativos y evolución regulatoria

El proyecto se fundamenta en la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de libertad regulada para servicios públicos domiciliarios. A lo largo de tres etapas, la regulación tarifaria ha evolucionado desde la fijación de tarifas basadas en costos reales hacia metodologías más complejas que incluyen incentivos para la eficiencia, cobertura y calidad del servicio. Actualmente, la regulación vigente está compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, que segmenta a los prestadores según el tamaño del mercado atendido y establece una estructura tarifaria basada en cargos fijos y por consumo, calculados con costos económicos de referencia que incluyen costos administrativos, operativos, de inversión y ambientales.

Objetivo y razones del proyecto

La CRA busca actualizar la metodología tarifaria para cumplir con el mandato legal de revisión quinquenal y alinearse con políticas nacionales e internacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo 2023, los compromisos con la OCDE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 6 relacionado con el agua y saneamiento sostenible. El nuevo marco pretende ser más robusto, flexible y adaptativo, equilibrando la sostenibilidad financiera de los prestadores con la asequibilidad tarifaria, incorporando criterios de eficiencia, calidad, cobertura, innovación y responsabilidad ambiental.

Aspectos centrales del proyecto

El proyecto establece el Área de Prestación del Servicio (APS) como unidad geográfica para aplicar la metodología tarifaria, con delimitación precisa y georreferenciada, y exige que las personas prestadoras con más de 5.000 suscriptores urbanos al 31 de diciembre de 2024 se clasifiquen en segmentos que determinan las reglas tarifarias y estándares de calidad. Se contempla un esquema diferencial para zonas o prestadores...