Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, buscaría modificar y adicionar disposiciones al Decreto 1881 de 2021. Este se enmarcaría dentro de la política nacional de reindustrialización y transición energética, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la Ley 1609 de 2013, que faculta al Gobierno para establecer instrumentos arancelarios que fomenten la competitividad y modernización industrial. El proyecto también evidenciaría la voluntad estatal de incentivar la fabricación y ensamblaje de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en Colombia.

Tema principal y propósito

El proyecto de decreto tendría como objetivo principal establecer un régimen especial para la importación, transformación, producción y ensamble de vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV), vehículos híbridos de autonomía extendida (E-REV), vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos híbridos completos (FHEV). Se crearían el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL), orientados a facilitar la instalación y puesta en marcha de plantas industriales avanzadas que contribuyan a la movilidad sostenible.

Modificaciones y nuevas regulaciones propuestas

El proyecto plantearía la creación de la partida arancelaria 9803 en el Arancel de Aduanas, con subpartidas diferenciadas para materiales importados bajo las modalidades CKD (Completely Knocked Down) y SKD (Semi Knocked Down), que determinarían niveles mínimos de desensamble para clasificación arancelaria específica. Además, establecería condiciones para la importación temporal y condicionada del componente técnico inicial indispensable para la fase de instalación, calibración y puesta en marcha de las plantas. Se introducirían obligaciones para garantizar la integración progresiva de contenido nacional en los vehículos ensamblados, con porcentajes mínimos anuales que aumentarían desde un 2% en 2027 hasta un 8% a partir de 2030. También se definirían cuotas máximas anuales para la importación de vehículos bajo el Instrumento INPIMHEL y beneficios arancelarios preferenciales para los componentes técnicos iniciales.

Acciones y disposiciones específicas

Los beneficiarios del INPIMHEL y del RTE-E tendrían que demostrar capacidad técnica, financiera y cumplimiento ambiental para acceder a los beneficios. Deberían presentar planes detallados de desarrollo industrial, cumplir con compromisos de inversión y mantener sistemas de trazabilidad digital para el seguimiento del componente técnico inicial. Asimismo, se establecerían medidas de control, supervisión y auditoría a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y otras entidades competentes. La normativa incluiría la suspensión o revocatoria de beneficios en caso de incumplimiento y prohibiría la acumulación de beneficios entre instrumentos similares.

Participación de actores clave

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sería la autoridad administradora responsable de evaluar solicitudes, otorgar autorizaciones y supervisar el cumplimiento del régimen y del instrumento. La DIAN desempeñaría un papel fundamental en la verificación aduanera y control sobre las importaciones y el uso de los materiales CKD y SKD. Además, el proyecto mencionaría la coordinación con entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas y Energía para aspectos técnicos y ambientales.

Información adicional y participación ciudadana

El proyecto normativo habría sido sometido a consulta pública en dos períodos, inicialmente por quince días y posteriormente por diez días adicionales, para garantizar la participación ciudadana en la elaboración del decreto. Se preveía que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentara mediante acto administrativo los procedimientos, condiciones, metodologías y controles necesarios para la implementación, operación y seguimiento del RTE-E y del INPIMHEL. El decreto, de ser aprobado, entraría en vigencia entre quince y noventa días después de su publicación en el Diario Oficial, según lo dispuesto en la Ley 1609 de 2013. --- Este proyecto reflejaría un esfuerzo por articular la política industrial con los objetivos de sostenibilidad, innovación tecnológica y competitividad, buscando consolidar a Colombia como un actor clave en la movilidad eléctrica en la región. Con la implementación de estas medidas, se espera fomentar la creación de empleo especializado, impulsar la inversión en tecnologías limpias y contribuir a la reducción de la huella de carbono del sector transporte en el país, fortaleciendo así el compromiso nacional con la agenda de desarrollo sostenible.