Contexto y marco normativo del proyecto de decreto
El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, buscaría adicionar un nuevo título al Decreto 1078 de 2015 —Decreto Único Reglamentario del Sector TIC— para reglamentar la Ley 2489 de 2025. Esta ley tiene como objetivo promover entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes mediante una política pública integral. El proyecto se fundamentaría en principios constitucionales, tratados internacionales sobre derechos de la niñez y estándares internacionales, como las Observaciones Generales No. 16 (2013) y 25 (2021) del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Propósito y alcance del proyecto
El proyecto tendría por objeto reglamentar la Ley 2489 de 2025, estableciendo mecanismos administrativos, técnicos y operativos para materializar la política pública de promoción, protección y garantía de entornos digitales sanos y seguros para la población infantil y adolescente. Su ámbito de aplicación abarcaría a entidades estatales, sector privado, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas y la sociedad en general, con especial énfasis en familias, padres, madres, tutores y cuidadores. Las obligaciones específicas recaerían especialmente sobre proveedores de servicios digitales y la industria del software.
Principales modificaciones y disposiciones propuestas
El proyecto plantearía la incorporación de diversas medidas, entre las que se destacarían:
- Formulación y adopción de una política pública para entornos digitales seguros, con mecanismos de participación plural que incluirían a niños, niñas, adolescentes, comunidades étnicas, sector privado y sociedad civil.
- Creación de mesas técnicas operativas para articular esfuerzos intersectoriales y seguimiento a programas preventivos y educativos.
- Implementación de medidas para mitigar tipologías de violencia y vulneraciones en entornos digitales, con enfoque en prevención, sensibilización, educación y protocolos de actuación.
- Definición del alcance de los espacios digitales sujetos a regulación, incluyendo proveedores de redes, plataformas sociales, servicios de alojamiento y emergentes como inteligencia artificial y realidad virtual.
- Regulación de herramientas de control parental y mediación tecnológica, promoviendo configuraciones adaptables a la evolución del desarrollo infantil y adolescente.
- Establecimiento de estándares técnicos en seguridad, privacidad y protección de datos desde el diseño, evitando prácticas como monitoreo generalizado o debilitamiento de cifrados.
- Obligación para la industria del software y proveedores digitales de adoptar lineamientos que evalúen y mitiguen impactos de sistemas automatizados y algoritmos, especialmente en sesgos discriminatorios.
- Implementación de sistemas accesibles para solución de quejas, reporte de contenidos nocivos y orientación hacia rutas institucionales, con respeto a la privacidad y garantías judiciales.
- Establecimiento de reportes semestrales por parte de actores privados sobre avances en la implementación de medidas de protección.
- Diseño y operación de un repositorio de buenas prácticas educativas y herramientas de control parental, coordinado entre el Ministerio de Educación, el Ministerio TIC y otras entidades competentes.
- Creación y reglamentación operativa del Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, que contaría con secretaría técnica a cargo del Ministerio TIC y mecanismos de participación representativa.
- Constitución de un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico para la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, con componentes pedagógicos, de protección, investigación criminal y tecnológico.
- Destinación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para programas de formación dirigidos a familias, educadores y población infantil y adolescente sobre uso seguro de TIC.
- Elaboración anual de informes técnicos y financieros sobre la implementación de la política pública, con rendición de cuentas ante el Congreso.
Participación de actores clave
El proyecto promovería la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado (especialmente proveedores de servicios digitales e industria del software), instituciones educativas, familias y sociedad civil. Se establecerían mecanismos de articulación interinstitucional entre ministerios, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisión de Regulación de Comunicaciones y entidades de seguridad y justicia, además de incluir la participación activa de comunidades étnicas y organizaciones sociales.
Participación ciudadana y proceso normativo
El proyecto habría sido publicado en la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante un periodo definido para garantizar la participación ciudadana, permitiendo la recepción de opiniones, sugerencias y comentarios de ciudadanos y grupos de interés. Las observaciones recibidas serían evaluadas e incorporadas en la versión final del decreto, conforme a los principios de transparencia y participación previstos en la legislación vigente.
Este proyecto de decreto representa un avance regulatorio integral orientado a proteger y garantizar los derechos digitales de niños, niñas y adolescentes en Colombia, adecuando la normatividad sectorial TIC a las nuevas realidades y riesgos tecnológicos. No obstante, aún estaría sujeto a revisión y aprobación para su eventual puesta en vigencia, proceso en el cual se espera continuar con el diálogo y la colaboración entre todos los actores involucrados para asegurar un marco normativo efectivo y adaptado a las necesidades de la población infantil y adolescente.
