Tipo de Acuerdo y Entidades Involucradas

El Acuerdo 574 de 2026 es un acto administrativo expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el 3 de marzo de 2026, publicado en el Diario Oficial No. 53.462 el 16 de abril de 2026. Este acuerdo se enmarca en las facultades legales conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 2363 de 2015, entre otras normas.

Objeto y Objetivos del Acuerdo

El objeto principal del Acuerdo es señalar los rangos correspondientes a las extensiones máximas y mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) por Unidades Físicas Homogéneas (UFH) a escala municipal para un listado amplio de municipios en los departamentos de Caquetá, Casanare, Meta, Putumayo, Sucre y Tolima. La finalidad es reglamentar técnicamente el tamaño de las UAF para la adjudicación de tierras rurales bajo la política de ordenamiento social de la propiedad rural, dirigida a campesinos y trabajadores agrarios.

Ámbito de Aplicación

El acuerdo es aplicable en los municipios mencionados, en el marco de los procedimientos que ejecuta la ANT para implementar la política pública de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se aplica en el contexto de la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 902 de 2017, el Acuerdo 167 de 2021 y demás normas complementarias.

Principales Disposiciones y Metodología

El Acuerdo establece la definición técnica de las UAF por UFH, la cual incluye un Área Mínima Rentable (AMR) y otras áreas complementarias. Se presentan tablas detalladas que indican las extensiones máximas y mínimas de las UAF para cada municipio y unidad física, con estimaciones específicas según la apreciación productiva del terreno. Además, el acuerdo contempla exclusiones normativas para áreas con condicionantes legales, como zonas de conservación ambiental, patrimonio cultural, zonas urbanas y territorios étnicos, donde no se aplica la metodología UAF por UFH.

Impacto Potencial

Este acto normativo tiene un impacto significativo en la comunidad rural, ya que regula técnicamente la extensión de tierras adjudicables a familias campesinas, buscando garantizar un acceso justo y sostenible a la tierra. Al definir los rangos de UAF, el acuerdo contribuye a evitar la concentración inequitativa de la propiedad rural y promueve el desarrollo sostenible y la soberanía alimentaria, conforme a los mandatos constitucionales. Para las entidades vinculadas, principalmente la Agencia Nacional de Tierras, este acuerdo facilita la planeación y ejecución de procesos de adjudicación, regularización y formalización de tierras en diferentes municipios, asegurando criterios técnicos uniformes y ajustados a las condiciones territoriales específicas.

Sustento Legal y Seguimiento

El acuerdo se sustenta en las disposiciones constitucionales, especialmente en los artículos 8º, 64 y 80 de la Constitución Política de Colombia, y en la legislación agraria vigente, incluyendo la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 2363 de 2015, que establecen el marco para el ordenamiento social de la propiedad rural y la creación de la ANT. Se menciona el seguimiento a través de la revisión constante de la metodología aplicada y la publicación de información técnica y geográfica en la página web de la ANT, garantizando transparencia y participación ciudadana conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Contexto y Relevancia

Este acuerdo es una pieza clave dentro de la Reforma Rural Integral, que busca transformar estructuralmente el campo colombiano para cerrar brechas socioeconómicas y promover un desarrollo rural equitativo. La adopción de criterios técnicos precisos para la definición de las UAF es fundamental para avanzar en la formalización de la propiedad rural y garantizar derechos a campesinos y trabajadores agrarios en múltiples regiones del país. Con la publicación y vigencia de este Acuerdo 574 de 2026, se actualizan y reemplazan disposiciones anteriores, consolidando una base técnica para la adjudicación de tierras que responde a las realidades territoriales y productivas de cada municipio involucrado. En definitiva, este acuerdo representa un avance significativo para la política agraria colombiana, fortaleciendo el acceso a la tierra de manera justa y sostenible, y promoviendo el desarrollo rural integral en beneficio de las comunidades campesinas y el país en general.