Contexto y tribunal competente

La decisión fue adoptada por la Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, en única instancia, mediante un auto de medida cautelar de urgencia. La providencia responde a una demanda interpuesta contra la Nación, representada por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuestionando el Decreto 415 de 2026.

Antecedentes fácticos y procesales

El conflicto surge tras la expedición de la Ley 2381 de 2024, que estableció un sistema de protección social integral con oportunidad excepcional para que ciertos afiliados pudieran trasladarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. La ley condicionó este traslado al cumplimiento de requisitos específicos y estableció que los recursos acumulados debían permanecer bajo administración de las AFP hasta la consolidación del derecho pensional. Posteriormente, el gobierno reglamentó esta disposición mediante el Decreto 1225 de 2024, ratificando que los recursos se mantendrían bajo administración de las AFP hasta la consolidación del derecho pensional. No obstante, el Decreto 415 de 2026 modificó esta regla, ordenando el traslado inmediato de los recursos a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), incluso para aquellos afiliados que no han consolidado su derecho pensional, estableciendo plazos estrictos para dicho traslado. Un particular interesado solicitó la nulidad de este decreto, aduciendo violaciones constitucionales y legales, y pidió la suspensión provisional inmediata de sus efectos para evitar un daño irreparable mientras se resuelve el fondo del asunto.

Consideraciones jurídicas principales

El Consejo de Estado examinó si el Decreto 415 de 2026 excedió la potestad reglamentaria conferida...