Tipo y entidades suscriptoras

El proyecto se configura como un Acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), elaborado en el marco de las facultades constitucionales y legales conferidas al Consejo Directivo de la ANT, basado en la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 2363 de 2015 y el Decreto Ley 902 de 2017, entre otras normas. La fecha de expedición prevista para la publicación es el año 2026. No se ha asignado aún un número definitivo al acuerdo.

Objeto y temática principal

El acuerdo tiene por objeto señalar los rangos correspondientes a las extensiones máximas y mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares por Unidades Físicas Homogéneas a escala municipal en múltiples municipios distribuidos en diferentes departamentos del país. Se trata de precisar técnicamente la extensión de tierra adecuada para cada UAF, conforme a la aptitud productiva y características territoriales específicas.

Finalidad y objetivos

El proyecto busca facilitar la implementación de la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, orientada a promover el acceso progresivo a la tierra para campesinos y trabajadores agrarios. Se pretende garantizar que la asignación de tierras en unidades familiares sea acorde con criterios técnicos que permitan la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Ámbito de aplicación

Las disposiciones del proyecto serán aplicadas por la Agencia Nacional de Tierras en los procedimientos de adjudicación rural en los municipios señalados, conformando un ámbito territorial específico en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo y Sucre.

Principales disposiciones y compromisos

El acuerdo adopta la metodología definida en el Acuerdo 167 de 2021, que establece la forma de cálculo de la UAF por UFH a escala municipal. Para cada municipio se detallan tablas con las extensiones mínimas y máximas para las UAF según unidades físicas homogéneas, valorando la productividad y las condiciones territoriales. Asimismo, se especifican las exclusiones normativas aplicables a zonas de conservación ambiental, patrimonios culturales, áreas urbanas y territorios étnicos, en los que no se aplicará esta metodología.

Impacto potencial

La implementación de este acuerdo permitirá mejorar la precisión y equidad en la adjudicación de tierras rurales, contribuyendo a la reforma estructural del campo y al desarrollo sostenible. Facilitará la regularización de la tierra para campesinos y trabajadores agrarios, favoreciendo la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales en las zonas involucradas.

Mecanismos de seguimiento y evaluación

El proyecto establece que la información geográfica y técnica será publicada en un portal web de acceso público para consulta abierta. Además, se prevé una revisión constante y ajustes metodológicos conforme a las recomendaciones derivadas de la experiencia y los documentos técnicos que acompañan el acuerdo.

Contexto normativo y respaldo

El proyecto se enmarca en la Constitución Política de 1991, especialmente los artículos relacionados con la propiedad rural y la protección ambiental, así como en la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 2363 de 2015 y el Decreto Ley 902 de 2017, que norman la política de reforma rural integral y el ordenamiento social de la propiedad rural. También actualiza y reemplaza disposiciones previas como el Acuerdo 008 de 2016 y la Resolución 2533 de 2018.

Conclusión

Este proyecto de Acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras representa un avance técnico y normativo fundamental para la gestión integral de la propiedad rural en Colombia. Su adopción permitirá una asignación más justa y sostenible de tierras a las familias campesinas, alineada con los principios constitucionales y la política pública vigente, con beneficios directos para el desarrollo rural y la paz territorial. Sin embargo, aún se encuentra en etapa de proyecto y su vigencia dependerá de su aprobación y publicación oficial.

Participación ciudadana

La publicación del proyecto y su memoria justificativa se realizó por diez días calendario en la página web de la Agencia Nacional de Tierras, promoviendo la participación ciudadana y de grupos de interés en el proceso de aplicación de la metodología. Este mecanismo busca garantizar la transparencia y la inclusión de diferentes actores en la construcción de políticas públicas para la gestión de la tierra, fortaleciendo así la legitimidad y efectividad del acuerdo una vez sea adoptado.