Contexto y tribunal competente

El auto interlocutorio fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en Bogotá, en el marco de un proceso de nulidad instaurado por la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS) contra la Nación, representada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Antecedentes del caso

La Asociación demandante solicitó la nulidad de ciertos artículos del Decreto 1076 de 2015 —de carácter compilatorio— y de la Resolución No. 072 de 2022, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los actos administrativos objeto de la demanda regulan el Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental (SIPGA), el cual contempla el reporte del informe integral de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. La parte actora argumentó que las normas demandadas vulneran varios artículos constitucionales, particularmente los relacionados con la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales, la reserva de ley para su regulación y la habilitación legal para establecer mecanismos de inspección y vigilancia administrativa. En concreto, se alegó que el SIPGA implica una forma de supervisión directa del Ministerio sobre las actividades propias de las Corporaciones, afectando su autonomía y excediendo la función reglamentaria. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Presidencia de la República se opusieron a la suspensión provisional. Sostuvieron que el Decreto 1076 es un decreto compilatorio que no introduce normas nuevas, sino que sistematiza disposiciones preexistentes. Además, argumentaron que la...