Providencia judicial y tribunal

La providencia objeto de análisis corresponde a una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado. El caso se originó tras la apelación presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que resolvió la nulidad y restablecimiento del derecho en un proceso contencioso administrativo relacionado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Antecedentes fácticos y procesales

En noviembre de 2020, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali profirió una Liquidación Oficial de Revisión que modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2016 presentada por una sociedad comercial dedicada a la comercialización de chatarra. Posteriormente, en diciembre de 2021, la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN confirmó esta liquidación mediante resolución administrativa. El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la acción contra dichos actos administrativos, alegando tener legitimación en la causa por activa en virtud de haber sido representante legal de la sociedad durante el período fiscal objeto de revisión. Argumentó que la DIAN vulneró varios preceptos constitucionales y legales al desconocer costos declarados por la sociedad, calificándolos como operaciones simuladas o inexistentes, sin un sustento probatorio suficiente. Además, solicitó la nulidad de la liquidación y la resolución que confirmó la misma, junto con la eliminación de las sanciones impuestas. La DIAN se opuso a las pretensiones, señalando que el demandante no fue vinculado al proceso administrativo ni como deudor del impuesto o sanción, y que, en consecuencia, no posee legitimación para actuar. Sostuvo que la liquidación se basó en pruebas que demostraban inconsistencias y la irrealidad de algunas operaciones comerciales declaradas por la sociedad.

Consideraciones y razones de la decisión

El Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la falta de legitimación en la causa por activa del demandante. La Sala recordó que, para tener legitimación, la parte actora debe demostrar un interés directo y actual en la relación jurídica sustancial objeto del proceso. Aunque el demandante fue representante legal durante el año gravable 2016, no fue vinculado ni sancionado en el procedimiento administrativo, y al momento de presentar la demanda ya no ostentaba dicho cargo, pues la sociedad estaba en proceso de disolución con otro representante legal vigente. Se señaló que el artículo 658-1 del Estatuto Tributario, invocado por el demandante, establece sanciones para representantes legales que autoricen registros contables irregulares, pero en este caso no se impusieron sanciones ni obligaciones en cabeza del apelante. Por ello, no existe una relación jurídica sustancial que habilite al exrepresentante legal para demandar en nombre propio ni extender la pretensión a la sociedad. En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho, la Sala modificó la cuantía de las agencias en derecho fijándola en dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, en atención a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos en el Código General del Proceso y la jurisprudencia sobre la materia. Además, ordenó la corrección en el registro procesal del nombre de la parte demandante para reflejar que la demanda fue interpuesta por la persona natural y no por la sociedad.

Implicaciones jurídicas

Esta providencia reafirma el principio de legitimación en la causa por activa, resaltando que la representación legal efectiva y vigente en el momento de la demanda y la vinculación directa en el procedimiento administrativo son requisitos esenciales para la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en materia tributaria. Asimismo, establece parámetros claros para la imposición de costas procesales en segunda instancia, atendiendo a la proporcionalidad y justificación del monto. La sentencia pone en relieve la importancia de la adecuada vinculación de las partes en los procesos administrativos y judiciales tributarios, así como la necesidad de respetar los derechos procesales de los sujetos involucrados, garantizando un acceso efectivo a la administración de justicia conforme a los principios constitucionales. En conclusión, el Consejo de Estado dejó sentado que únicamente quienes tengan un interés jurídico legítimo y actualizado, con vinculación directa y vigente en el proceso administrativo o sancionatorio, pueden acudir a la jurisdicción para impugnar actos administrativos tributarios. Esto fortalece la seguridad jurídica y la correcta administración de los procesos tributarios en el país.