Contexto y tribunal competente

El pronunciamiento fue emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la ciudad de Bogotá D.C., en el marco de un proceso de medio de control de nulidad instaurado en primera instancia. Este medio de control está regulado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, que rige el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Antecedentes fácticos y procesales

Un sindicato profesional presentó demanda contra dos decretos expedidos el 15 de enero de 2026 por el Gobierno Nacional, a través del presidente de la República, los ministros del Interior y de Hacienda y Crédito Público, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los decretos cuestionados son el 0019, que establece la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el 0020, que define la planta de personal de dicha entidad. La demanda busca la declaración de nulidad de estos actos administrativos, solicitando además la suspensión provisional de sus efectos.

Consideraciones y fundamentos de la decisión

Al resolver sobre la admisión de la demanda, el despacho judicial constató que el apoderado del sindicato no aportó documentación que acreditara que la persona que otorgó el poder tiene facultades para representar al sindicato en este proceso. Esta omisión impide verificar la legitimación activa del demandante, incumpliendo lo previsto en los artículos 159 y 160 del CPACA, que exigen la presentación del poder debidamente otorgado y autenticado. Adicionalmente, se evidenció que la parte actora no suministró las direcciones electrónicas de notificación de todas las entidades demandadas, en particular del presidente de la República y del Departamento Administrativo de la Función Pública. Este requisito es indispensable conforme al artículo 162, numeral 7, del CPACA, que regula las notificaciones en procesos contencioso administrativos. En consecuencia, la Sala decidió inadmitir la demanda para que la parte actora subsane estas fallas en un término perentorio de diez días, contado a partir de la notificación del auto interlocutorio. Esta decisión no implica el rechazo definitivo de la demanda, sino una oportunidad para que el demandante cumpla con los requisitos formales indispensables para la continuación del proceso.

Implicaciones procesales

Este auto interlocutorio resalta la importancia del cumplimiento riguroso de los requisitos procesales en los medios de control de nulidad. La falta de acreditación del poder y de las direcciones electrónicas puede entorpecer el ejercicio efectivo de la acción y afectar el debido proceso, principios fundamentales en la administración de justicia administrativa. El plazo otorgado al sindicato busca garantizar el derecho de defensa y la participación adecuada en el proceso, facilitando la corrección de los defectos procesales detectados.

Normativa clave citada

Artículo	Norma	Contenido relevante
137	Ley 1437 de 2011 (CPACA)	Regula el medio de control de nulidad contra actos administrativos.
159 y 160	CPACA	Exigen acreditación de legitimación activa mediante poder debidamente otorgado.
162, numeral 7	CPACA	Establece la obligación de suministrar direcciones electrónicas de notificación de las partes.

En conclusión, esta decisión reafirma la rigurosidad con la que el Consejo de Estado trata el cumplimiento de los requisitos procesales, garantizando así la transparencia y legalidad en los procesos administrativos. La oportunidad otorgada para subsanar las deficiencias permitirá que el proceso continúe con las debidas garantías para todas las partes involucradas.