Contexto y antecedentes del caso

La providencia judicial analizada corresponde a un auto emitido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, el 30 de enero de 2026. La decisión se refiere a una acción de tutela interpuesta contra la Procuraduría General de la Nación —específicamente contra la Procuraduría Treinta Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Familia, Infancia, Adolescencia y Mujer de Tunja— por presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de petición y debido proceso. Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos tras presentar, a través de su representante legal, una convocatoria a conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Delegada para Asuntos de Familia. La solicitud fue radicada el 2 de octubre de 2025, pero la entidad no programó la audiencia ni emitió respuesta en más de un mes, lo que, según los accionantes, constituía una violación a sus derechos fundamentales y frustraba la etapa de conciliación previa obligatoria para iniciar acciones judiciales. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja declaró improcedente la tutela por falta de legitimación en la causa, argumentando que la apoderada judicial no contaba con poder para adelantar el trámite de conciliación ni para interponer la acción de tutela.

Consideraciones jurídicas y competencia

La Corte Suprema de Justicia realiza un análisis riguroso sobre la competencia para conocer la acción de tutela. Señala que, aunque este mecanismo es preferente y sumario, debe respetar las reglas del debido proceso, incluida la competencia judicial y la correcta integración de la causa. El artículo 37 del Decreto...