Contexto y presentación del proyecto
El Ministerio del Trabajo anunció en 2026 un proyecto de decreto que buscaría adicionar un capítulo al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015. Esta iniciativa se propondría en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas al Presidente de la República, con base en normativas como la Ley 1562 de 2012 y la Ley 2466 de 2025. El proyecto tiene como objetivo principal reglamentar los derechos laborales y la seguridad social para periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines, atendiendo los mandatos constitucionales que protegen el trabajo digno, la igualdad y la libertad de prensa.
Tema principal y alcance
El proyecto buscaría establecer un marco normativo específico para regular la contratación, afiliación, cotización y protección social de los periodistas y comunicadores sociales, tanto en condición de dependientes como independientes. Se aplicaría a personas jurídicas del sector privado, agremiaciones e instituciones relacionadas con el sector, así como a personas naturales que desarrollen actividades informativas y comunicacionales en el territorio nacional, incluyendo profesionales, independientes, reporteros, productores de contenido y otros oficios afines.
Además, el decreto incorporaría enfoques transversales de derechos humanos, género, inclusión, interculturalidad, ética digital, paz y reconciliación, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres periodistas, periodistas indígenas, sindicalizados, LGBTIQ+, entre otros.
Modificaciones y medidas específicas propuestas
El proyecto contemplaría diversas disposiciones, entre las que se destacan:
- Regulación de modalidades de contratación, reconociendo contratos laborales, civiles o comerciales, y estableciendo la presunción de contrato laboral verbal en ausencia de documento escrito.
- Definición de jornadas laborales máximas de 42 horas semanales, con distribución flexible y reglas específicas para cargos de confianza.
- Derecho a la afiliación y cotización al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones, subsidio familiar y riesgos laborales, con bases de cotización mínimas y mecanismos flexibles para trabajadores con ingresos variables o que laboren por períodos inferiores a un mes.
- Creación de un Programa de Formalización e Incentivo Económico en Riesgos Laborales, que otorgaría incentivos para facilitar la afiliación y permanencia en el sistema de riesgos laborales, priorizando a trabajadores independientes con ingresos bajos y en condiciones de vulnerabilidad.
- Obligaciones claras para empleadores, trabajadores y administradoras de riesgos laborales en materia de afiliación, reporte de incidentes, promoción de la salud y seguridad en el trabajo, y provisión de elementos de protección.
- Implementación de mecanismos de inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio del Trabajo, incluyendo la supervisión del cumplimiento de jornadas laborales, prevención de acoso laboral y sexual, protección en zonas de riesgo, y garantía del derecho a la desconexión laboral.
- Establecimiento de un régimen sancionatorio con multas, clausura temporal y paralización de labores en casos de incumplimiento de las disposiciones establecidas.
- Creación de mecanismos de seguimiento y participación para promover la formalización laboral y la protección de periodistas independientes y comunitarios.
Participación de actores clave
El Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de coordinar y supervisar la implementación del decreto, a través de sus direcciones competentes como la Dirección de Riesgos Laborales y la Dirección General de Inspección, Vigilancia y Control. Asimismo, las administradoras de riesgos laborales tendrán responsabilidades en la afiliación, recaudo y prestación de servicios. Se prevé la participación de empleadores, contratantes, periodistas y comunicadores sociales en el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Acceso al proyecto y participación ciudadana
El proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio del Trabajo para la recepción de observaciones y comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, conforme a los artículos 3 y 8 de la Ley 1437 de 2011 y disposiciones reglamentarias vigentes. Este proceso permite la participación activa en la elaboración final de la norma.
En suma, esta iniciativa busca ampliar la protección social y laboral de un sector fundamental para la democracia y la participación ciudadana, estableciendo un marco normativo actualizado que atienda las particularidades y riesgos propios del ejercicio periodístico y comunicacional, fortaleciendo así las condiciones de trabajo dignas y la seguridad social para quienes ejercen estas profesiones.
