La Sala Plena de la Corte constitucional adelantó el control automático e integral de constitucionalidad del decreto legislativo 174 de 2026, que contiene medidas para la reubicación temporal o definitiva de unidades de producción agropecuaria y activos rurales, en el contexto del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el decreto 150 de 2026.

Normas suspendidas provisionalmente

Entre las normas suspendidas provisionalmente se encuentran el artículo 4, que establece el saneamiento automático de los inmuebles adquiridos por utilidad pública e interés social, eliminando vicios como limitaciones o gravámenes que puedan afectar el uso y disposición de los predios. La Corte advirtió que esta disposición podría extinguir derechos reales de terceros y afectar el debido proceso y la responsabilidad patrimonial del Estado. También se suspendió el parágrafo del artículo 7, que otorga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la facultad de autorizar la ocupación anticipada de predios por familias damnificadas antes de la culminación de los procesos de adquisición y adjudicación, debido a posibles efectos irreversibles para propietarios y damnificados en caso de declararse la inexequibilidad de dicha norma. El artículo 8, que regula procedimientos expeditos para la clarificación, deslinde y recuperación de baldíos en zonas afectadas por la emergencia, fue suspendido en algunos apartes, especialmente por reducir términos procesales y permitir a la ANT asumir competencias judiciales en casos en etapa no probatoria, lo cual comprometería derechos fundamentales como el debido proceso y garantía del juez natural. Asimismo, se suspendió el artículo 9, que faculta a la ANT para delimitar tierras del Estado y privadas descubiertas por desecación de cuerpos de agua,...