Tribunal y contexto procesal

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en calidad de segunda instancia dentro de un proceso iniciado mediante acción popular ambiental. La apelación fue interpuesta contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda de octubre de 2024, que resolvió sobre presuntas afectaciones ambientales en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. El proceso fue iniciado por la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Pereira, como actor principal en defensa de derechos colectivos.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso surge tras la presentación de una acción popular para proteger derechos colectivos relacionados con la preservación ambiental y el control urbano en la región. Inicialmente, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda y ordenó desagregar el expediente para tratar de forma independiente varios sectores afectados, incluyendo zonas residenciales y cauces de quebradas. La sentencia impugnada abordó, entre otros, aspectos relativos a construcciones en zonas de protección ambiental y el desplazamiento de la quebrada Frailes. Un tercero con interés directo en el proceso —una sociedad de ingeniería— presentó un memorial señalando una posible violación al derecho de defensa y la falta de valoración adecuada de las pruebas aportadas. En particular, reclamó que el edificio objeto de controversia, ubicado en el barrio San Rafael, fue construido con licencia y fuera de la zona de protección ambiental, por lo que no se le permitió intervenir en la sentencia que involucra a esta comunidad. Asimismo, denunció que la corporación ambiental y la autoridad municipal actuaron como juez y parte en la evaluación de las edificaciones, debido a...