Contexto y naturaleza de la providencia

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en segunda instancia, resolvió un recurso de apelación interpuesto contra un auto emitido por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali. La providencia judicial se pronunció sobre dos aspectos: la concesión del amparo de pobreza a los demandantes y la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre el establecimiento de comercio del Banco involucrado. El proceso se enmarca en una acción de responsabilidad civil extracontractual por daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados en un accidente de tránsito ocurrido el 23 de mayo de 2024.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes solicitaron reparación por el fallecimiento de una persona en un accidente que involucró un vehículo de carga pesada, propiedad del Banco demandado y adscrito a una empresa de recolección de basura, y una motocicleta donde la víctima se desplazaba. El demandado cuestionó la existencia del nexo causal atribuyendo responsabilidad al motociclista, además de negar su responsabilidad civil directa. Durante el proceso, los abogados de los demandantes solicitaron el amparo de pobreza y una medida cautelar consistente en la inscripción de la demanda sobre el establecimiento de comercio del Banco. El juez de primera instancia concedió ambas solicitudes. Contra esta decisión se interpuso apelación directa, alegando el apoderado judicial del Banco que no se cumplían los requisitos para el amparo de pobreza y que la medida cautelar era desproporcionada y carecía de caución, además de negar responsabilidad por falta de custodia del vehículo.

Consideraciones jurídicas del Tribunal

El Tribunal recordó que, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso (C.G.P.), la apelación debe centrarse en los reparos concretos señalados por el recurrente. En este caso, el recurso resultó improcedente respecto al amparo de pobreza, puesto que la ley no permite apelación contra esta figura ni contempla doble instancia, según los artículos 151 a 154 y 321 del C.G.P. Por tanto, se confirmó que el amparo de pobreza no exige caución para la adopción de medidas cautelares, conforme al artículo 154 del C.G.P. En relación con la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre el establecimiento de comercio, el Tribunal explicó que dicha figura tiene por objeto garantizar la efectividad futura de la sentencia, evitando que se vulneren o diluyan los derechos que puedan resultar reconocidos. Citó el artículo 590 del C.G.P., que permite inscribir la demanda sobre bienes sujetos a registro en procesos declarativos que reclamen indemnización por responsabilidad civil. El Tribunal enfatizó que la medida cautelar no afecta la titularidad ni saca los bienes del comercio, sino que advierte a terceros sobre el litigio. Además, se señaló que la proporcionalidad y razonabilidad de la medida deben evaluarse conforme a la norma y dentro del proceso, sin que la posible exoneración de responsabilidad del Banco pueda anticiparse en esta etapa. Finalmente, el Tribunal concluyó que la decisión del juez de primera instancia fue ajustada a derecho y confirmó el auto en los términos señalados, imponiendo costas al apelante conforme al artículo 365 del C.G.P.

Decisión

El Tribunal Superior de Cali confirmó el auto del Juzgado Diecisiete Civil del Circuito que concedió amparo de pobreza y decretó la inscripción de la demanda sobre el establecimiento de comercio del Banco demandado. Se ordenó remitir el expediente a la instancia de origen para continuar con el trámite correspondiente. --- Esta providencia reafirma la importancia del amparo de pobreza como mecanismo para garantizar el acceso a la justicia y la utilidad de las medidas cautelares como herramientas para proteger derechos en procesos de responsabilidad civil extracontractual, especialmente en casos complejos que involucran bienes registrados y litigios de alto impacto económico. Con esta decisión, se fortalece la tutela judicial efectiva y se establece un precedente para futuros procesos similares, asegurando que las partes vulnerables puedan hacer valer sus derechos sin obstáculos procedimentales.