Marco normativo y alcance

La doctrina se basa en los artículos 145 y 146 del Estatuto Tributario, que permiten a los contribuyentes deducir de la renta bruta provisiones para deudas de difícil cobro y el castigo de créditos definitivamente incobrables, siempre que se hayan realizado gestiones suficientes para esta consideración. Su reglamentación se encuentra en los artículos 1.2.1.18.19 y siguientes del Decreto 1625 de 2016.

Requisitos para la deducción

El contribuyente que lleva contabilidad puede deducir las deudas que, al momento del descargo de las cuentas por cobrar, se consideren manifiestamente perdidas o sin valor, conforme a lo reglamentado en los artículos 79 y 80 del Decreto 187 de 1975, actualmente incorporados en el Decreto 1625 de 2016. Para que estas deudas sean deducibles, debe demostrarse su realidad, justificar el descargo y probar que se originaron en operaciones productoras de renta. Las gestiones para acreditar la pérdida no son taxativas y pueden incluir la demostración de insolvencia del deudor y las acciones realizadas para intentar el cobro, siguiendo criterios de “sana práctica comercial”.

Aplicación práctica y conclusiones

La determinación de una deuda como de difícil cobro o manifiestamente perdida es un análisis que realiza la sociedad titular del crédito según su situación particular. No existe una regulación específica para créditos otorgados a personas naturales que luego entran en procesos de insolvencia, aunque esta circunstancia puede ser un elemento para evaluar la incobrabilidad. En resumen, la deducción de cartera perdida requiere no solo la existencia de la deuda y el cumplimiento de requisitos generales, sino también la prueba de su incobrabilidad basada en gestiones y evidencias concretas. Finalmente, se recuerda que esta doctrina es de carácter general y puede consultarse junto con la normativa y jurisprudencia vigente en el normograma DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/. Esta orientación busca brindar claridad a las sociedades crediticias para el adecuado manejo fiscal de sus créditos en situaciones de insolvencia, garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la correcta aplicación de las disposiciones legales.