Entidad emisora y contexto normativo

La Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0155-2026 fue emitida por la Contraloría General de la República el 27 de abril de 2026, y publicada en el Diario Oficial No. 53.477 el 30 de abril del mismo año. Esta resolución se fundamenta en múltiples preceptos constitucionales y legales que asignan a la Contraloría la función de vigilancia y control fiscal, especialmente los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, así como el Decreto Ley 267 de 2000 y la Ley 42 de 1993, entre otros.

Tema principal y destinatarios

El asunto central de esta resolución es la adopción formal del Procedimiento y la Guía para la Evaluación del Desempeño de la Gestión Fiscal (EDGF) dentro del marco del control fiscal macro que ejerce la Contraloría General. Está dirigida principalmente a las direcciones de estudios sectoriales de esta entidad, responsables de llevar a cabo la evaluación de desempeño en relación con los planes, programas y políticas públicas del Estado. Este público es fundamental para garantizar una vigilancia efectiva y transversal sobre la gestión de recursos públicos en todo el territorio nacional.

Objetivo de la resolución

El objetivo es implementar un modelo actualizado y estandarizado para evaluar cómo se gestionan los recursos públicos, verificar la eficacia, eficiencia, economía y transparencia en la administración estatal, y aportar recomendaciones basadas en evidencia que contribuyan a mejorar la gestión pública. La resolución busca ajustar el control fiscal a las mejores prácticas internacionales y fortalecer el rol de la Contraloría como Entidad Fiscalizadora Superior (EFS).

Principales decisiones y regulaciones

De manera concreta, la resolución adopta dos documentos clave:

• El Procedimiento para la Evaluación del Desempeño de la Gestión Fiscal.
• La Guía para la Evaluación de Desempeño de la Gestión Fiscal (EDGF).

Estos documentos definen los lineamientos y metodologías para realizar evaluaciones objetivas, independientes y basadas en evidencias, alineadas con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y el Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI (IFPP). Además, se establece que estos instrumentos estarán integrados en el Sistema de Gestión y Control Interno (SIGECI) para asegurar su aplicación adecuada y controlada. La resolución también deroga la anterior Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0023 de 2018, que adoptaba la Guía de Auditoría de Desempeño previa, permitiendo un tránsito ordenado para finalizar las auditorías iniciadas bajo el régimen anterior.

Base legal y marco internacional

La regulación se fundamenta en la Constitución Política, en el Decreto Ley 267 de 2000, la Ley 42 de 1993, y en los estándares internacionales ISSAI, particularmente en la ISSAI 100 y 300, que establecen principios y normas para la auditoría y fiscalización del sector público. Asimismo, responde a las recomendaciones del Plan Estratégico institucional 2022-2026 que impulsa una vigilancia más efectiva y basada en resultados.

Impacto potencial

La adopción de este procedimiento y guía representa un avance significativo hacia una fiscalización más moderna, transparente y orientada a resultados. Al evaluar el desempeño de la gestión fiscal desde una perspectiva macro, se facilita la identificación de debilidades y áreas de mejora en la administración pública, fortaleciendo la rendición de cuentas y aportando al desarrollo sostenible y equitativo del país. Este enfoque también promueve la participación activa del control social y utiliza tecnologías de la información para un seguimiento en tiempo real de los recursos públicos. En síntesis, esta resolución establece un nuevo estándar para el control fiscal en Colombia, alineado con normativas nacionales e internacionales, y con un enfoque claro en la eficiencia y el valor público, lo que puede contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en la gestión estatal. Con la implementación de este marco regulatorio, se espera que la Contraloría General de la República impulse una gestión pública más responsable, transparente y orientada a resultados, promoviendo así un desarrollo institucional sólido y sostenible en beneficio de toda la sociedad.