Providencia proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado

La providencia que se analiza corresponde a un auto proferido por la Sala Tercera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, en segunda instancia, el 29 de abril de 2026. En ella se resuelve la admisibilidad de una solicitud presentada por un ciudadano contra un senador perteneciente a un partido político reconocido, quien fue acusado de incurrir en causales de pérdida de investidura.

Antecedentes fácticos y procesales

El ciudadano promovió ante el Consejo de Estado una acción de pérdida de investidura contra el congresista, argumentando que este habría incurrido en indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias, tipificados en los numerales 4 y 5 del artículo 183 de la Constitución Política. Los hechos se relacionan con la supuesta intervención indebida del senador en la celebración y ejecución de un convenio interadministrativo suscrito en 2021 entre una entidad territorial y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). La solicitud contenía los datos personales del demandante, la identificación del congresista objeto de la acción, la invocación y explicación de las causales, la petición de práctica de pruebas y la dirección electrónica para notificaciones. Sin embargo, no se acreditó debidamente que el congresista tenía la calidad de miembro del Congreso durante el año 2021, periodo en el que habrían ocurrido los hechos. Tampoco se demostró el envío formal de la solicitud al demandado, requisito fundamental según la normativa vigente.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la inadmisión

La Sala recordó que, conforme al artículo 5º de la Ley 1881 de 2018, para que una solicitud de pérdida de investidura presentada por un ciudadano sea admitida, debe contener, entre otros, la acreditación de la calidad de congresista del investigado en el periodo en que presuntamente incurrió en la causal de desinvestidura. Además, conforme al numeral 8 del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al artículo 6º de la Ley 2213 de 2022, es obligatorio que el demandante envíe simultáneamente copia de la demanda y anexos al demandado por medios electrónicos, salvo excepciones expresas. Tras revisar la solicitud, el despacho encontró que no se cumplió con estos dos requisitos esenciales. En consecuencia, se decidió inadmitir la solicitud para que el demandante pueda subsanar estos aspectos dentro de un término de cinco días siguientes a la notificación del auto. Se advirtió que la falta de cumplimiento en este plazo conllevará al rechazo definitivo de la solicitud, conforme al numeral 2 del artículo 1694 del CPACA. Adicionalmente, en ejercicio del deber de actuar diligentemente en procesos de naturaleza pública, la Sala requirió al Consejo Nacional Electoral para que remita, en el mismo término, el acto administrativo que declare la elección del congresista para el periodo constitucional 2018-2022, con el fin de esclarecer la condición del legislador en el año cuestionado.

Importancia del cumplimiento de requisitos formales en procesos de pérdida de investidura

Esta decisión pone de manifiesto la rigurosidad con la que el Consejo de Estado exige el cumplimiento de los requisitos formales en los procesos de pérdida de investidura, garantizando el debido proceso y la defensa de los implicados. La acreditación clara y documentada de la calidad de congresista en el periodo objeto de la investigación y la notificación adecuada son condiciones esenciales para que la acción pueda avanzar en su análisis sustancial. De esta manera, el Consejo de Estado reafirma la importancia del orden procesal y la transparencia en la tramitación de este tipo de solicitudes, que tienen un impacto directo en la representación política y la confianza ciudadana en las instituciones. Así, se busca preservar la integridad del proceso democrático y asegurar que las acciones legales cuentan con los requisitos mínimos para su validez y eficacia.