Contexto y tribunal competente
La providencia fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de un proceso en segunda instancia relacionado con una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. La parte demandante es una compañía de acueducto y alcantarillado en liquidación, mientras que la parte demandada es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
Antecedentes fácticos y procesales
La empresa demandante interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra varias resoluciones expedidas por la Superintendencia, las cuales liquidaron una contribución especial correspondiente al año 2017, establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sobre la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado. El Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a la demanda mediante sentencia del 14 de mayo de 2025. Inconforme con dicha decisión, la Superintendencia interpuso recurso de apelación que fue admitido por el Consejo de Estado el 8 de octubre de 2025.
En el recurso de apelación, la parte demandada solicitó la admisión de una prueba documental consistente en un reporte financiero del año 2016, presentada en formato PDF.
Consideraciones jurídicas sobre la solicitud de pruebas
La Sala recordó que el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, regula de manera estricta el decreto de pruebas en segunda instancia, estableciendo que sólo procede en casos excepcionales:
- Cuando las partes lo soliciten de común acuerdo.
- Cuando la prueba haya sido negada en primera instancia o no haya sido practicada sin culpa de la parte que la pidió.
- Para...
