Contexto y antecedentes del proceso

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, dictó un auto interlocutorio el 24 de abril de 2026, en el que resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2025 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta. Dicha sentencia había negado la solicitud de pérdida de investidura de una concejal del municipio de Granada para el periodo 2024-2027. El proceso se inició con la presentación de una demanda ejercitando el medio de control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta rechazó las pretensiones relacionadas con la pérdida de investidura. Posteriormente, el demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por el magistrado sustanciador mediante proveído, que remitió el expediente al Consejo de Estado para su revisión en segunda instancia.

Fundamentos jurídicos de la decisión

El Consejo de Estado basó su decisión en el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales para la admisión del recurso de apelación en procesos de pérdida de investidura, tal y como lo establece el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018. Esta norma regula expresamente el procedimiento para la doble instancia en casos relacionados con la pérdida de investidura de congresistas y, por remisión, de concejales y diputados. Entre las reglas clave señaladas en la norma, se destaca que el recurso debe ser interpuesto y sustentado ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura dentro de los diez...