Providencia de terminación anticipada en trámite jurisdiccional

El Consejo de Estado, en su calidad de tribunal de segunda instancia, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo — Sección Quinta — dictó un auto mediante el cual declaró la terminación anticipada del proceso contencioso administrativo radicado bajo el número 5000-23-41-000-2023-0055-01. Dicho proceso fue iniciado por un servidor público que ejerció la acción de cumplimiento para exigir el ajuste salarial correspondiente a la bonificación judicial de los funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

Antecedentes del caso

La demanda fue interpuesta contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y otras entidades del Gobierno Nacional, con fundamento en la presunta omisión en la expedición de los decretos necesarios para efectuar el reajuste anual de la bonificación judicial conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tal como lo disponen los parágrafos del artículo 1 de los Decretos 382, 383 y 384 de 2013. El accionante solicitó que se ordenara el cumplimiento inmediato y sin dilaciones injustificadas de dichos decretos para ajustar los salarios en el componente de bonificación judicial, argumentando que la falta de expedición afectaba la capacidad adquisitiva de los servidores. En primera instancia, el Tribunal Administrativo competente consideró improcedente la acción de cumplimiento, pues interpretó que las normas invocadas no contienen un mandato imperativo que obligue a la expedición inmediata de los decretos salariales. Además, destacó que el Gobierno Nacional goza de margen discrecional para expedir estos actos dentro del año fiscal correspondiente, y que ya...