Contexto y tribunal responsable

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en instancia de tutela y control de la legalidad de actos administrativos, analizó en acumulación más de veinte demandas contra el Decreto 572 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional ajustó las tarifas y bases de retención y autorretención en la fuente, afectando diversos sectores económicos de Colombia.

Antecedentes fácticos y procesales

El Decreto 572 de 2025 buscó modificar las bases y tarifas de retención y autorretención para mejorar la recaudación del impuesto sobre la renta, adelantando ingresos fiscales para la vigencia 2026. Diversos actores, incluyendo la Fundación para el Estado de Derecho y organizaciones empresariales y gremiales, interpusieron demandas acumuladas solicitando la nulidad total o parcial del decreto, así como la suspensión provisional de sus efectos. Los demandantes alegaron, entre otros fundamentos, que el decreto vulneraba principios constitucionales como la legalidad, la reserva de ley, la equidad, la capacidad contributiva, la proporcionalidad y la no confiscatoriedad. Se argumentó que las modificaciones implicaban una carga tributaria excesiva e injustificada, alteraban elementos esenciales del impuesto sin autorización legislativa, y afectaban la liquidez y estabilidad económica de múltiples sectores y contribuyentes, especialmente PYMES.

Consideraciones centrales de la providencia

El despacho judicial evaluó el cumplimiento de los requisitos generales y especiales para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se constató que las demandas eran declarativas, que las solicitudes estaban debidamente sustentadas y relacionadas directamente con el objeto del proceso, y que la suspensión era...