La Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció sobre dos acciones de tutela en las cuales los demandantes fueron condenados mediante sentencias aún no firmes debido a la admisión de recursos ordinarios. Las acciones cuestionaron que la orden de privación de la libertad se limitó a valorar la improcedencia de subrogados penales, sin considerar otros criterios como el arraigo social o el comportamiento procesal, tal como exige el estándar estricto establecido en la sentencia SU-220 de 2024. Estos casos no cuestionaron la responsabilidad penal ni los fundamentos de la condena, sino únicamente la orden de captura inmediata contenida en las sentencias condenatorias. La Corte recordó que, aunque existen recursos ordinarios para impugnar la responsabilidad penal, estos no resultan idóneos para proteger eficazmente los derechos frente a la privación de libertad anticipada. El estándar de motivación exigido implica que las razones para ordenar la privación inmediata de la libertad deben ser explicitadas de forma separada y suficiente, ya sea en el anuncio del sentido del fallo o en un apartado específico de la sentencia. Esta exigencia constituye una garantía material del debido proceso y debe ser rigurosamente valorada por los jueces constitucionales al analizar tutelas que cuestionen órdenes de captura previas a la ejecutoria. En el análisis de fondo, la Corte constató que las autoridades judiciales se centraron en justificar la responsabilidad penal, pero no fundamentaron adecuadamente la necesidad de la privación inmediata de la libertad en un apartado independiente, incumpliendo el precedente fijado. Por ello, la Sala Plena dejó sin efecto las órdenes de captura impugnadas y ordenó que, en un término máximo e improrrogable de 48 horas, se profieran decisiones de sustitución con fundamentación expresa, concreta e individualizada conforme al estándar estricto. Mientras se emiten estas nuevas decisiones, se ordenó la libertad de los afectados, salvo que existan otras órdenes judiciales vigentes que justifiquen su privación. Además, se exhortó a las Salas de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia a ajustar y unificar su jurisprudencia respecto a la procedibilidad de las acciones de tutela que cuestionan órdenes de captura inmediatas tras el anuncio del sentido del fallo o la primera sentencia condenatoria. Esta sentencia reafirma la importancia de la presunción de inocencia en su dimensión de regla de trato, que prohíbe la privación de la libertad como regla general antes de la ejecutoria de la condena, y exige una motivación estricta para su aplicación excepcional. Asimismo, reafirma la compatibilidad entre la autonomía judicial y la exigencia de motivación rigurosa cuando se restringe la libertad personal en etapas procesales tempranas, garantizando así el respeto a los derechos fundamentales y fortaleciendo el debido proceso en el sistema penal.