La Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció sobre dos acciones de tutela en las cuales los demandantes fueron condenados mediante sentencias aún no firmes debido a la admisión de recursos ordinarios. Las acciones cuestionaron que la orden de privación de la libertad se limitó a valorar la improcedencia de subrogados penales, sin considerar otros criterios como el arraigo social o el comportamiento procesal, tal como exige el estándar estricto establecido en la sentencia SU-220 de 2024. Estos casos no cuestionaron la responsabilidad penal ni los fundamentos de la condena, sino únicamente la orden de captura inmediata contenida en las sentencias condenatorias. La Corte recordó que, aunque existen recursos ordinarios para impugnar la responsabilidad penal, estos no resultan idóneos para proteger eficazmente los derechos frente a la privación de libertad anticipada. El estándar de motivación exigido implica que las razones para ordenar la privación inmediata de la libertad deben ser explicitadas de forma separada y suficiente, ya sea en el anuncio del sentido del fallo o en un apartado específico de la sentencia. Esta exigencia constituye una garantía material del debido proceso y debe ser rigurosamente valorada por los jueces constitucionales al analizar tutelas que cuestionen órdenes de captura previas a la ejecutoria. En el análisis de fondo, la Corte constató que las autoridades judiciales se centraron en justificar la responsabilidad penal, pero no fundamentaron adecuadamente la necesidad de la privación inmediata de la libertad en un apartado independiente, incumpliendo el precedente fijado. Por ello, la Sala Plena dejó sin efecto las órdenes de captura impugnadas y ordenó que, en un término...