Competencia en conflicto: Consejo de Estado interviene

El Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió un auto el 15 de abril de 2026 para dirimir un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, ambas autoridades del orden nacional y autónomas, sobre quién tiene la facultad para adelantar un proceso disciplinario contra un auxiliar de la justicia (secuestre).

Antecedentes y trámite procesal

La controversia se originó tras la compulsión de copias por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy (Boyacá) respecto de presuntas irregularidades cometidas por un auxiliar de la justicia en un proceso de sucesión intestada. Posteriormente, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso remitió el caso a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo para adelantar la investigación pertinente. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá decidió abstenerse de conocer la actuación disciplinaria y solicitó al Consejo de Estado resolver el conflicto de competencias, argumentando que la competencia correspondía a la Procuraduría General de la Nación, dado que no se notificó pliego de cargos antes de la vigencia de la nueva regulación disciplinaria. Durante el proceso, la Sala fijó edicto para recibir consideraciones de las partes involucradas, sin que se presentaran observaciones adicionales.

Consideraciones jurídicas y análisis normativo

La Sala recordó que los auxiliares de la justicia son particulares que prestan funciones públicas transitorias y que la competencia disciplinaria sobre ellos ha sido objeto de cambios normativos importantes. Tras la desaparición de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en 2021, esta última asumió las funciones disciplinarias sobre los funcionarios judiciales y abogados en ejercicio, pero no sobre los auxiliares de la justicia. El Consejo de Estado destacó que, conforme al artículo 277 de la Constitución Política y al Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021), la Procuraduría General de la Nación tiene la competencia para ejercer control disciplinario sobre particulares que cumplen funciones públicas, incluyendo a los auxiliares de la justicia. Asimismo, se señaló que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales solo tienen competencia para sancionar a particulares que ejercen función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional, no a los auxiliares de la justicia en general.

Decisión final y efectos

La Sala concluyó que, en el caso concreto, al tratarse de un proceso disciplinario que no había iniciado formalmente y que surgió después del 13 de enero de 2021, la competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, en este caso, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, conforme a su jurisdicción territorial y a lo previsto en la normativa aplicable. El auto ordena remitir el expediente a dicha Procuraduría, que deberá comunicar la decisión al auxiliar de la justicia investigado y al juzgado que presentó la queja, garantizando la reserva de las actuaciones disciplinarias. Además, se advierte que los términos legales para la actuación disciplinaria comenzarán a correr a partir de la notificación de esta decisión y que contra esta providencia no procede recurso alguno. Este pronunciamiento reafirma la importancia de establecer claramente las competencias en materia disciplinaria para asegurar la eficacia del control sobre los funcionarios que desempeñan funciones públicas, evitando vacíos que puedan afectar la administración de justicia y el debido proceso. De esta manera, se fortalece la institucionalidad y se garantiza el correcto desarrollo de los procesos judiciales y disciplinarios en el país.