Providencia judicial sobre tutela y recaudo probatorio en investigación militar

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, resolvió una acción de tutela interpuesta por un funcionario auxiliar de la Inspección General de las Fuerzas Militares (IGFM) contra el Comando del Ejército Nacional - Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, la misma IGFM, el Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar y la Segunda División del Ejército Nacional. La acción reclamaba la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa, la presunción de inocencia, el acceso a la información, la honra, el buen nombre y el derecho al trabajo, derivada de descuentos sobre su asignación de retiro y la supuesta omisión en el recaudo y valoración integral de pruebas en su contra.

Antecedentes y contexto procesal

El actor, quien se desempeñó entre 2015 y 2020 como inspector auxiliar de la IGFM ante la Segunda División del Ejército Nacional, fue objeto de múltiples investigaciones: 13 administrativas adelantadas por la Jefatura del Estado Mayor, una indagación disciplinaria a cargo de la IGFM (identificada como INOPI 003-2025) y una investigación penal militar en el Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar. El archivo de la indagación disciplinaria fue fundamento para cuestionar la continuidad de las investigaciones, sin embargo, las autoridades administrativas continuaron con los procesos y ordenaron descuentos en la pensión del funcionario, basándose en informes controvertidos. El funcionario solicitó, mediante acción de tutela, que se ordenara la suspensión de los descuentos y el recaudo integral de toda la prueba bajo custodia de la IGFM y la Segunda División, incluyendo informes detallados, actas, cronogramas...