Contexto y competencia del tribunal

La providencia fue dictada por la Sala Especial de Decisión 25 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en instancia de conocimiento de un proceso de pérdida de investidura. El auto interlocutorio resuelve los impedimentos manifestados por dos magistrados asignados al trámite que cuestiona la investidura de un representante a la Cámara elegido para el periodo constitucional 2022-2026. La competencia para resolver estos impedimentos corresponde a dicha Sala Especial, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021. La resolución fue adoptada con ponencia de la consejera que sigue en turno, quien asumió el conocimiento tras la recusación de los magistrados impedidos.

Antecedentes fácticos y procesales

La solicitud de pérdida de investidura se basa en la presunta inhabilidad del congresista para haber ejercido simultáneamente dos cargos públicos con períodos que coinciden parcialmente, lo cual está prohibido en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política. El representante demandado renunció a un cargo de concejal en Bogotá antes de concluir el periodo para el cual fue elegido, y posteriormente fue elegido representante a la Cámara por el mismo partido político. Tras la admisión de la solicitud, dos magistrados asignados al trámite manifestaron impedimento para continuar conociendo del proceso. El fundamento principal radica en la existencia de una amistad íntima entre ellos y el abogado apoderado del congresista accionado, quien suscribió la contestación a la solicitud de pérdida de investidura.

Consideraciones jurídicas sobre los impedimentos

La Sala analizó la causal de impedimento invocada, prevista en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), que establece la recusación por enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado. La jurisprudencia ha aclarado que este tipo de impedimento debe estar debidamente justificado, evidenciando un vínculo afectivo de tal magnitud que pueda comprometer la imparcialidad del funcionario judicial. En este caso, las manifestaciones de impedimento fueron acompañadas de explicaciones detalladas que demostraron que la relación con el abogado apoderado trasciende el ámbito profesional para incluir vínculos personales y familiares cercanos, configurando así una amistad íntima. Por lo tanto, la Sala concluyó que la presencia de tales relaciones afecta la garantía de imparcialidad exigida para el ejercicio de la función jurisdiccional y declaró fundados los impedimentos presentados.

Decisión y efectos

El Consejo de Estado, mediante el auto interlocutorio, declaró fundados los impedimentos de los magistrados y ordenó su separación del conocimiento del proceso de pérdida de investidura. Se dispuso el regreso del expediente a quien asuma la conducción del trámite para continuar con el procedimiento correspondiente. Esta decisión reafirma la importancia del principio de imparcialidad en la administración de justicia y la aplicación estricta de las causales de impedimento para preservar la legitimidad de los procesos judiciales, en especial en asuntos de alta relevancia política y social como la pérdida de investidura. Este auto interlocutorio refleja la rigurosidad con que el Consejo de Estado aborda las garantías procesales en casos de pérdida de investidura, asegurando un juicio justo y transparente para todas las partes involucradas, y fortaleciendo la confianza en el sistema judicial colombiano.