Providencia y tribunal competentes

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, conoció la acción de tutela contra una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, como segunda instancia en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La acción fue presentada por la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó por la solicitud de una docente adscrita al departamento de Antioquia, quien reclamó el reconocimiento y pago de cesantías que, según alegó, fueron canceladas fuera del plazo legal estipulado. La demandante solicitó también la aplicación de la sanción por mora contemplada en la Ley 1071 de 2006 debido al pago tardío. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue acogida parcialmente en primera instancia por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, que estableció una mora de seis días y condenó al FOMAG al pago de la sanción moratoria. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La parte actora interpuso acción de tutela contra dicha sentencia, argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, defensa, contradicción, debido proceso, legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal, señalando que la sanción impuesta carece de respaldo legal, en particular por lo dispuesto en el Decreto 942 de 2022.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala Quinta recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional y que para su procedencia deben cumplirse requisitos estrictos: relevancia constitucional,...