Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por una persona que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al derecho de petición, habeas data, buen nombre, honra e intimidad, argumentando que dichas garantías fueron vulneradas por la falta de respuesta de fondo a una solicitud presentada a diversas autoridades judiciales. La petición consistía en la eliminación del nombre del accionante de los buscadores relacionados con procesos judiciales en los que figuraba como parte o interviniente. Entre los demandados se encuentran el Consejo Superior de la Judicatura y varios juzgados civiles, penales, laborales y administrativos de diferentes jurisdicciones. Durante el trámite, se vincularon también diversas unidades y dependencias judiciales en calidad de terceros con interés.

Decisión adoptada y fundamentos principales

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en auto proferido el 16 de abril de 2026, declaró inicialmente la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad, debido a que el accionante no agotó la vía administrativa conforme al artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, que regula el habeas data. Además, se negó la solicitud de amparo frente a varios juzgados que sí habrían dado respuesta de fondo en los términos legales. Finalmente, se declaró la carencia de objeto respecto a ciertos juzgados y dependencias que respondieron o atendieron la petición durante el trámite. No obstante, el magistrado ponente emitió un salvamento parcial de voto expresando su disentimiento con la mayoría, argumentando que la decisión se basó erróneamente en la presunta vulneración del derecho al habeas data. Según su criterio, el análisis correcto debería...