Contexto y antecedentes del caso

Dos concejales electos para el período 2024-2027 en el municipio de Puerto Colombia presentaron acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales, alegando vulneraciones al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y participación política. La tutela fue interpuesta contra la Sección Primera del Consejo de Estado, que el 19 de febrero de 2026 revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico y declaró la pérdida de investidura de los concejales. La controversia surgió luego de que los concejales participaron en la votación para elegir al secretario general del Concejo Municipal de Puerto Colombia, quien había integrado la misma lista electoral con ellos. La accionante en el proceso de pérdida de investidura argumentó que esta participación configuraba un conflicto de intereses y causaba impedimento conforme al numeral 14 del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El Tribunal Administrativo del Atlántico negó la pérdida de investidura al considerar que no se acreditó un interés directo, particular y concreto que comprometiera la imparcialidad de los concejales. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó esta decisión y declaró la pérdida de investidura, argumentando que la participación en la elección del secretario general violaba el régimen de conflicto de intereses.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala Quinta del Consejo de Estado, competente para conocer en primera instancia la acción de tutela, analizó principalmente tres aspectos: la procedencia de la tutela contra providencia judicial, el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, y el fondo del asunto. Respecto a la procedencia,...