Providencia judicial en primera instancia del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado resolvió en primera instancia la acción de tutela presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda. Esta acción buscaba proteger derechos fundamentales relacionados con la asignación salarial de un docente oficial en la categoría 2BE del escalafón docente.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue interpuesta tras la confirmación, por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda, de una sentencia que negó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación – Ministerio de Educación y el municipio de Pereira. La demanda cuestionaba la legalidad del Decreto Nacional 284 de 2024 y otros decretos relacionados, que modificaron sucesivamente la regulación salarial de los docentes, en particular la asignación para la categoría 2BE. El demandante alegó que los incrementos salariales decretados para ciertos años, especialmente 2008 y 2009, fueron inequitativos y carentes de justificación técnica o jurídica, pues los incrementos para la categoría 2BE fueron inferiores a los otorgados en categorías inferiores como la 2AE, lo que vulneraba los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y debido proceso. Después de agotar la vía ordinaria, el Juzgado Primero Administrativo de Pereira negó las pretensiones, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda. En ambas instancias se consideró que las diferencias salariales estaban justificadas en criterios objetivos vinculados a las características y requisitos distintos de cada grado en el escalafón docente, y que la competencia para fijar tales incrementos correspondía al Gobierno Nacional.

Consideraciones del Consejo...