Providencia y tribunal que la profiere

La decisión adoptada corresponde a una sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en segunda instancia. Esta sentencia resolvió la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales emanadas del Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Tunja y del Tribunal Administrativo de Casanare.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó con la reclamación de una empleada vinculada a la Rama Judicial desde 2013, quien solicitó el reconocimiento íntegro de la bonificación judicial en la liquidación de sus prestaciones sociales y demás emolumentos laborales. Aunque la bonificación se reconoció para efectos de cotización pensional y salud, no se incorporó en el cálculo de primas, cesantías, intereses y vacaciones. Tras la negativa administrativa a su reclamación y la falta de respuesta a su recurso de apelación, la empleada instauró una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en 2024. El juzgado de primera instancia accedió parcialmente a sus pretensiones, ordenando la reliquidación de prestaciones incluyendo la bonificación judicial, pero declaró prescritos los derechos laborales anteriores al 15 de abril de 2021. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare en 2025. La accionante interpuso entonces una acción de tutela alegando vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, argumentando defectos sustantivos y de motivación en las providencias judiciales, especialmente en la interpretación del momento de inicio de la prescripción y la consideración del recurso de apelación pendiente.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela...