Contexto y competencia del tribunal

La decisión fue adoptada por la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia, en ejercicio de la acción de tutela presentada por Colpensiones contra la Oficina de Recepción de Procesos del Tribunal Administrativo de Antioquia. La competencia para conocer el caso está establecida en el decreto reglamentario del Consejo de Estado y en acuerdos internos de la corporación.

Antecedentes fácticos y procesales

Colpensiones presentó, en agosto de 2020, dos demandas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Cada demanda buscaba la nulidad de distintas resoluciones relacionadas con el reconocimiento de sustituciones pensionales. Posteriormente, Colpensiones solicitó en diversas ocasiones, a través de derechos de petición, copia del acta de reparto de una de las demandas. Sin embargo, la entidad accionada respondió de manera parcial y confusa, entregando información relacionada con la segunda demanda pero sin precisar detalles sobre la primera, lo que generó incertidumbre sobre el estado procesal de la misma. Ante la falta de respuesta clara y oportuna, Colpensiones interpuso una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia, argumentando que la omisión vulneraba estas garantías constitucionales.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario para la protección inmediata de derechos fundamentales frente a acciones u omisiones de autoridades públicas. También enfatizó el carácter fundamental del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, que garantiza a toda persona la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas y obtener una pronta y clara respuesta. La jurisprudencia constitucional establece que la respuesta a una petición debe ser oportuna, dentro de los plazos legales, y de fondo, es decir, debe entrar en materia y responder específicamente a lo solicitado, sin evasivas ni información confusa. Además, la respuesta debe ser comunicada de forma efectiva al peticionario para garantizar su conocimiento pleno. En el caso concreto, aunque la Oficina de Recepción de Procesos respondió a la petición de marzo de 2026, la respuesta sólo se refirió a una de las dos demandas radicadas por Colpensiones, omitiendo pronunciarse sobre la demanda cuyo acta de reparto fue solicitada expresamente. Esta omisión impidió a la entidad conocer el estado real del proceso, afectando así su derecho de acceso a la administración de justicia. Por lo tanto, el Consejo de Estado concluyó que sí hubo vulneración de los derechos fundamentales invocados y ordenó a la Oficina de Recepción de Procesos del Tribunal Administrativo de Antioquia resolver de fondo la petición dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, aclarando la situación procesal de la demanda en cuestión.

Decisión adoptada

El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia de Colpensiones y ordenó a la autoridad accionada a emitir una respuesta clara, precisa y completa respecto a la demanda radicada en agosto de 2020, vinculada a una de las sustituciones pensionales controvertidas. Además, estableció que, en caso de no impugnarse la decisión en el plazo legal, remitirá el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta sentencia reafirma la importancia del derecho de petición como herramienta fundamental para la transparencia y efectividad del acceso a la justicia, y la obligación de las autoridades judiciales de brindar respuestas claras y oportunas a las solicitudes que se les presenten. Con esta decisión, se fortalece la protección de los derechos fundamentales en el ámbito administrativo y se garantiza que las entidades públicas cumplan con sus deberes de información y trámite adecuado.