Providencia judicial: admisión de tutela y medida provisional

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, emitió el 20 de abril de 2026 un auto en segunda instancia mediante el cual admitió una acción de tutela instaurada contra una Entidad Prestadora de Salud (EPS). La decisión responde a la solicitud de protección del derecho fundamental a la salud y a la vida digna de un paciente diagnosticado con enfermedad renal crónica en estadio avanzado.

Antecedentes fácticos y procesales

El ciudadano afectado, diagnosticado con enfermedad renal crónica estadio 4, recibió una fórmula médica expedida por un especialista en nefrología para el suministro de eritropoyetina humana recombinante, medicamento esencial para la continuidad de su tratamiento. Sin embargo, la EPS demandada no entregó los medicamentos indicados, lo que motivó la interposición de la acción de tutela para salvaguardar sus derechos fundamentales.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El despacho judicial fundamentó su decisión en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, que regula las medidas provisionales en procesos de tutela. Este precepto establece que el juez puede suspender o ordenar la ejecución de actos que amenacen derechos fundamentales, con el fin de protegerlos de manera inmediata y evitar daños irreparables. En este caso, la Sala consideró que la falta de suministro del medicamento prescrito constituye una vulneración del derecho a la salud y a la vida digna, dado el riesgo inminente que representa para el paciente. Por ello, se dispuso como medida provisional que la EPS debía procurar la entrega de los medicamentos pendientes dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del auto. Además, se notificó a la entidad demandada para que ejerza su derecho de defensa en un plazo de dos días, conforme a lo establecido en la Ley 2213 de 2022, garantizando así el debido proceso.

Impacto de la decisión

Esta providencia resalta la importancia de la tutela como mecanismo ágil para proteger derechos fundamentales en situaciones de urgencia, especialmente en el ámbito de la salud. Asimismo, reafirma la obligación de las EPS de garantizar el acceso oportuno a los tratamientos médicos prescritos por los especialistas, bajo la supervisión y orden de la autoridad judicial cuando sea necesario.

Entidad	Acción	Medida Provisional	Plazo para cumplimiento
EPS demandada	Negación en la entrega de medicamento esencial	Entrega inmediata de eritropoyetina humana recombinante	24 horas tras notificación

La decisión constituye un precedente relevante para garantizar la protección efectiva de derechos fundamentales en el sistema de salud, asegurando que las entidades prestadoras cumplan con sus obligaciones en beneficio de los pacientes que requieren atención médica urgente. De este modo, se promueve un sistema de salud más justo y eficiente, en el que prevalezcan los derechos humanos y la dignidad de las personas.