Contexto y naturaleza de la providencia

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en su Sección Primera en única instancia, profirió un auto que admite la demanda de nulidad presentada contra un fragmento específico del artículo 35 del Decreto 2520 de 1993. La demanda cuestiona la norma que dispone que uno de los miembros del Comité Directivo del Banco de la República debe ser el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien además presidirá dicho comité. Este auto es relevante porque precisa el medio de control procedente para examinar la legalidad del acto administrativo impugnado y establece el inicio formal del proceso judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad contemplado en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, que permite a cualquier ciudadano solicitar la nulidad de decretos de carácter general del Gobierno Nacional por infracción directa de la Constitución. Sin embargo, el Consejo de Estado revisó los requisitos para la procedencia de esta acción y determinó que el decreto en cuestión, aunque es de carácter general y fue expedido por el Gobierno Nacional, se emitió con sujeción a la Ley 31 de 1992. Por tanto, la revisión no puede limitarse a una confrontación directa con la Constitución, sino que requiere analizar una norma con rango de ley, lo que impide aplicar el control de nulidad por inconstitucionalidad en este caso. Además, el decreto no corresponde a un decreto ley ni legislativo dentro de las competencias exclusivas de la Corte Constitucional, ni es un reglamento constitucional autónomo, pues su expedición...