Contexto y antecedentes del caso

El proceso se originó con la presentación de una acción de habeas corpus por parte de un ciudadano en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitando la liberación de mandatos ciudadanos aprobados en una Consulta Popular Constituyente realizada el 20 de octubre de 2025. La solicitud se fundamentó en que dichos mandatos habrían sido "secuestrados" por la entidad demandada. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, rechazó de plano la acción de habeas corpus, con el argumento de que la acción constitucional está diseñada para proteger la libertad personal de individuos, no para tutelar derechos electorales o colectivos. En segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó esta decisión mediante auto del 3 de febrero de 2026, señalando que las pretensiones del actor se apartaban de la naturaleza jurídica y los fines constitucionales del habeas corpus. Posteriormente, el actor presentó una solicitud de adición, con el argumento de que existía un "amordazamiento constitucional" de más de tres millones de ciudadanos que participaron en la Consulta Popular Constituyente, denunciando una supuesta omisión y fraude por parte de las autoridades electorales.

Trámite procesal y análisis de la solicitud de adición

La solicitud fue inicialmente tramitada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que decidió no avocar conocimiento sobre la acción de tutela relacionada y remitió el procedimiento al Consejo de Estado, dada la conexión con el proceso de habeas corpus en segunda instancia. El Consejo de Estado requirió al actor que precisara si la presentación correspondía a una acción de tutela o a una solicitud de adición respecto del...