Contexto y antecedentes del caso

En un proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, una sociedad dedicada a la tecnología y sistematización bancaria impugnó varios actos administrativos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Estos actos sancionaban a la demandante por supuestas irregularidades en el pago de una contribución especial en el año 2013. Durante el proceso, la sociedad solicitó el decreto de diversas pruebas, entre ellas un informe escrito bajo juramento de la directora ejecutiva de la CRC sobre el cumplimiento de ciertas obligaciones administrativas, y testimonios de expertos, incluyendo a la revisora fiscal de la demandante y un ingeniero electrónico, para esclarecer aspectos técnicos y contables relacionados con la naturaleza de los servicios prestados y la regulación aplicable. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 10 de septiembre de 2024, negó el decreto de estas pruebas argumentando que algunas podían obtenerse mediante derecho de petición y que otras eran inconducentes o improcedentes porque la información ya estaba respaldada documentalmente en el expediente. Posteriormente, la sociedad presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esta decisión. La Comisión de Regulación de Comunicaciones se opuso a la admisión de las pruebas solicitadas.

Consideraciones jurídicas y decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, competente para conocer del recurso de apelación, revisó el acierto del tribunal de origen en negar las pruebas solicitadas. Para ello, analizó los requisitos de admisibilidad probatoria conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso (CGP), especialmente la conducencia, pertinencia y utilidad. Respecto al informe escrito bajo juramento...