Contexto y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, con sede en Bogotá D.C., conoció el recurso de apelación presentado por el municipio demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en primera instancia. El proceso se relaciona con controversias contractuales derivadas de un contrato de empréstito interno suscrito entre las partes.

Antecedentes fácticos y procesales

El municipio presentó demanda en noviembre de 2022 solicitando que se declarara el incumplimiento del contrato de empréstito interno y de pignoración de renta celebrado con el instituto financiero regional, que ascendía a 19.000 millones de pesos. Según la demanda, el instituto no habría cumplido con su obligación de desembolsar los recursos en las condiciones y tiempos pactados, lo que generó daños patrimoniales derivados de intereses moratorios e indexación por pagos tardíos a contratistas de obras públicas. El contrato establecía un plazo máximo de tres meses desde la firma para que el municipio solicitara los desembolsos, plazo que, según el municipio, debía contarse desde la fecha en que se cumplían ciertos requisitos administrativos, como el registro del contrato ante la Contraloría Departamental y la Dirección General de Crédito Público. El instituto financiero argumentó que el municipio no cumplió con los requisitos establecidos para solicitar los desembolsos, ni presentó la solicitud dentro del plazo contractual, y que además quien solicitó el desembolso carecía de competencia para ello. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones del municipio, señalando que el término de tres meses para solicitar los desembolsos se contaba desde la firma del contrato y...