Contexto y origen del proceso

La providencia objeto de análisis fue proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en el marco de la revisión eventual solicitada contra la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 14 de junio de 2024. El proceso se originó a partir de una demanda de protección de derechos e intereses colectivos presentada en marzo de 2021 contra el municipio y la empresa local de acueducto y alcantarillado, con el propósito de salvaguardar la moralidad administrativa, el patrimonio público y el principio de legalidad. La demanda apuntaba a dejar sin efectos jurídicos un decreto que designó al gerente de la empresa estatal de servicios públicos, así como aspectos relacionados con la selección del operador del sistema y el contrato de operación suscrito con una empresa prestadora del servicio.

Desarrollo procesal y decisiones anteriores

El Juzgado Administrativo del Circuito declaró parcialmente probada la excepción de cosa juzgada y negó las pretensiones de la acción popular relacionadas con el decreto y el nombramiento del gerente, al encontrar identidad de objeto y causa con un proceso previo que había sido fallado en segunda instancia en 2016. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó esta decisión en 2024, señalando que la acción popular no es procedente para anular contratos estatales y que la carga probatoria recae en el accionante. Además, el Tribunal concluyó que existía cosa juzgada absoluta y relativa, dado que los procesos anteriores abordaron controversias similares respecto a la prestación del servicio y la contratación del operador.

Solicitud y análisis de la revisión eventual

El actor solicitó la revisión eventual alegando errores en la interpretación sobre la improcedencia de anular contratos estatales mediante acción popular y diferenciando los hechos y derechos colectivos discutidos en los procesos. También argumentó la presentación de pruebas nuevas y situaciones fácticas no consideradas previamente, como presuntas irregularidades en la interventoría y falta de autorización del Concejo municipal para ciertos actos administrativos. La Sala de lo Contencioso Administrativo precisó que la revisión eventual es un mecanismo extraordinario cuyo fin es garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley en acciones populares y de grupo, y no constituye una tercera instancia para reabrir debates ya resueltos. Para su procedencia, se requieren contradicciones jurisprudenciales claras, sentencias de unificación o jurisprudencia reiterada que hayan sido desconocidas, requisitos que no se cumplieron en este caso. El Consejo de Estado concluyó que el solicitante no demostró la existencia de divergencias interpretativas entre tribunales ni desconocimiento de jurisprudencia unificada o reiterada. Además, sus argumentos se orientaron a cuestionar las conclusiones jurídicas y probatorias ya adoptadas, lo cual excede el alcance del mecanismo de revisión eventual.

Conclusión de la providencia

Por lo anterior, el Consejo de Estado negó la selección para revisión de la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de junio de 2024, confirmando así la negativa de la acción popular y ratificando los límites del recurso de revisión eventual en procesos de protección de derechos colectivos. Esta decisión reafirma la naturaleza restrictiva de la revisión eventual, orientada a preservar la estabilidad y coherencia jurisprudencial en materia de acciones populares y de grupo, evitando que se convierta en un medio para reabrir procesos ya agotados en sus instancias ordinarias. De esta manera, se garantiza la seguridad jurídica y se fortalece la confianza en las decisiones judiciales en temas de interés colectivo.