Obligación de reporte previo a la Superintendencia Financiera

Las entidades vigiladas por la SFC tienen la obligación legal de reportar con al menos 30 días de antelación cualquier apertura o cierre de sucursales o agencias en el territorio nacional. Esta exigencia está sustentada en el artículo 92 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, que establece que estas acciones requieren previa información a la SFC. Aunque la Circular Básica Jurídica (CBJ) no especifica esta obligación, la normativa superior la establece claramente. Por tanto, las entidades deben continuar realizando este reporte a través del trámite 316 – Novedades oficinas – régimen general. Esta información también debe comunicarse a los clientes por los canales habituales de la entidad, garantizando que estén debidamente informados con anticipación.

Definición libre de horarios y comunicación al público

En cuanto a los horarios de atención al público, la SFC indicó que no es necesario seguir reportando esta información mediante el trámite 326 – Oficinas – horarios. Las entidades pueden definir sus horarios libremente, siempre que informen oportunamente a los consumidores financieros y al público general. En casos de cierres especiales, basta con avisar con claridad los días en que no se prestará el servicio, utilizando los medios que cada entidad considere adecuados para asegurar la difusión efectiva del mensaje.

Responsabilidad y cumplimiento

Las entidades vigiladas están autorizadas para decidir sobre la apertura, cierre y horarios de sus oficinas bajo su responsabilidad, pero deben sujetarse a los criterios establecidos en la CBJ. Además, deben conservar evidencias que acrediten el cumplimiento de estas disposiciones y garantizar la atención e información oportuna a sus clientes frente a cualquier novedad. Este pronunciamiento de la Superintendencia Financiera reafirma la importancia de la transparencia y la comunicación efectiva en la prestación de servicios financieros, protegiendo los derechos de los consumidores y facilitando la supervisión del sector. De esta manera, se busca fortalecer la confianza en el sistema financiero colombiano y promover un entorno donde las entidades actúen con responsabilidad y claridad frente a sus usuarios.