Entidades emisoras y contexto normativo

La Resolución 000900 de 2026 fue emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social el 7 de mayo de 2026 y publicada en el Diario Oficial No. 53.489 el 13 de mayo de 2026. Esta disposición modifica artículos específicos de las Resoluciones 2361 de 2016 y 737 de 2024, ambas también expedidas por el mismo Ministerio, en el marco de sus funciones legales de reglamentación, distribución y control de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a las facultades establecidas en la Ley 100 de 1993, la Ley 489 de 1998 y otras normas relacionadas.

Objeto y destinatarios de la resolución

El tema central de esta resolución es la actualización de los lineamientos técnicos para el seguimiento, reporte y control de los recursos que el Ministerio transfiere a entidades territoriales y otras beneficiarias para la financiación y cofinanciación de planes, programas y proyectos en salud y protección social. Los destinatarios principales son dichas entidades territoriales y beneficiarias, quienes deben cumplir con las nuevas obligaciones de reporte y documentación establecidas para garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos.

Objetivo y alcance

La finalidad de la Resolución es fortalecer la metodología de seguimiento a los recursos transferidos, mediante la implementación de instrumentos de información estructurada que mejoren la trazabilidad, consistencia, integridad y oportunidad en el reporte. Además, busca agilizar los procesos de cierre de la ejecución financiera, facilitando la verificación rápida y efectiva de la correcta utilización de los recursos asignados. De esta manera, se promueven la transparencia, la rendición de cuentas y el control eficiente en el manejo de fondos públicos.

Principales modificaciones y regulaciones

Entre las modificaciones más relevantes destacan:

• Actualización del artículo 5° de la Resolución 2361 de 2016: Se amplía la lista de documentos y soportes que las entidades deben cargar a través de la Plataforma PISIS, incluyendo actos administrativos, contratos, informes de ejecución, certificaciones legales y estados financieros relacionados con la ejecución de recursos.
• Refuerzo en los lineamientos técnicos (artículo 7° de la Resolución 737 de 2024): Se añade un numeral que establece que dichos lineamientos deben estructurarse conforme a la destinación específica de los recursos y a las obligaciones de las entidades beneficiarias, detallando las actividades, montos, características técnicas y condiciones para la ejecución.
• Periodicidad y plazos para reporte de información (artículo 14 de la Resolución 737 de 2024): Se define que la información debe ser presentada conforme a los lineamientos técnicos o instrucciones específicas del área responsable, asegurando un reporte oportuno y adecuado.
• Seguimiento integral: El Ministerio será responsable de realizar el seguimiento de la ejecución con base en los actos administrativos, lineamientos técnicos, proyectos aprobados e información reportada.
• Conservación documental y suministro de información: Se enfatiza la obligación de las entidades de conservar adecuadamente la documentación y suministrar información veraz y completa a las autoridades y organismos de control.

Fundamento legal

La resolución se sustenta en varias normas, entre ellas:

• Artículos 173 de la Ley 100 de 1993 y 59 de la Ley 489 de 1998, que confieren facultades reglamentarias al Ministerio.
• Artículo 3° del Decreto Ley 1281 de 2002, modificado por la Ley 1949 de 2019.
• Artículos 3º de la Ley 1437 de 2011, 42 de la Ley 715 de 2001, y el principio constitucional del artículo 209 de la Constitución Política.

Vigencia y aplicación

La resolución entra en vigencia a partir de su expedición y aplica a las asignaciones de recursos efectuadas desde su publicación en adelante, así como a los procesos de seguimiento que no hayan concluido con acta o informe de cierre final. No afecta transferencias ya cerradas o validadas.

Impacto potencial

Esta actualización normativa pretende mejorar la gestión pública en salud al garantizar que la información sobre la ejecución de recursos sea completa, oportuna y verificable. Facilita la supervisión estatal y el control social, contribuyendo a una administración más transparente y eficiente de los fondos destinados a la salud pública en Colombia. En conclusión, la Resolución 000900 de 2026 representa un paso importante hacia la modernización y fortalecimiento de los mecanismos de control y seguimiento en el sector salud, asegurando un uso adecuado y responsable de los recursos públicos que impactan directamente en el bienestar de la población.