Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, buscaría crear una instancia de coordinación multisectorial para implementar el Acuerdo Regional conocido como Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia a través de la Ley 2273 de 2022. Esta norma complementaría el marco jurídico ambiental nacional, en particular la Ley 99 de 1993, la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información, y la Ley 1757 de 2015 referente a la participación democrática. Además, se alinearía con decisiones internacionales y sentencias constitucionales que reconocen el derecho a un ambiente sano y los derechos de acceso en asuntos ambientales.

Propósito y alcance del proyecto

El propósito principal del proyecto sería crear la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CIESCAZÚ) como instancia oficial del Gobierno Nacional encargada de articular las acciones necesarias para la implementación y seguimiento efectivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Su ámbito de aplicación incluiría a todas las entidades públicas nacionales relacionadas con el sector ambiental y otros sectores vinculados, con alcance en todo el territorio nacional.

Modificaciones y nuevas disposiciones

El proyecto establecería la creación formal de la CIESCAZÚ como un órgano intersectorial con miembros de alto nivel de diferentes ministerios y entidades, incluyendo representantes de autoridades indígenas y del público. La Comisión estaría conformada por ministros o sus delegados con capacidad decisoria y contaría con invitados permanentes de diversos sectores públicos. Asimismo, se crearía un Consejo Consultivo para garantizar la participación ciudadana y de grupos en situación de vulnerabilidad, así como tres comités técnicos especializados en información y participación pública, justicia ambiental, y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Entre las disposiciones relevantes, el proyecto establecería funciones claras para la Comisión, tales como:

• Garantizar la gestión integral e intersectorial para la implementación del Acuerdo.
• Promover la participación inclusiva del público y la transparencia.
• Liderar la coordinación entre sectores para la planeación y ejecución de políticas públicas relacionadas.
• Diseñar y hacer seguimiento a la Ruta de Implementación del Acuerdo y sus acciones prioritarias.
• Fortalecer el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) para facilitar el acceso a la información.
• Articular medidas de protección a defensores de derechos humanos ambientales.
• Promover la cooperación internacional y mecanismos de financiación para la implementación.

Acciones específicas y funcionamiento

El proyecto dispondría que la CIESCAZÚ sesionaría ordinariamente dos veces al año y extraordinariamente cuando sea convocada por la Secretaría Técnica o la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se tomarían por mayoría simple, y en caso de empate, la Secretaría Técnica tendría voto dirimente. La Secretaría Técnica estaría a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, responsable de coordinar las actividades, convocar sesiones, elaborar actas y divulgar la información. Además, se crearía una Unidad de Cumplimiento integrada por equipos técnicos de las entidades miembro y representantes del público, encargada del seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas de los compromisos asumidos en la ruta de implementación.

Participación de actores clave

La Comisión estaría integrada por diversos ministerios como Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Minas y Energía, Planeación, Hacienda, Defensa, Agricultura, Salud, Comercio, Educación, Vivienda, Tecnologías, Transporte, Cultura, Ciencia, Igualdad, y la Unidad Nacional de Protección, entre otros. También incluiría representantes de autoridades indígenas y de corporaciones regionales y de desarrollo sostenible. El Consejo Consultivo permitiría la participación de sectores sociales diversos, incluyendo comunidades negras, indígenas, rom, campesinas, academia, organizaciones civiles, sector privado, mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, jóvenes, niños y adolescentes, sindicatos y organizaciones comunitarias.

Información adicional y participación ciudadana

El proyecto de decreto habría sido sometido a consulta pública nacional en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre el 1 y el 29 de agosto de 2025, permitiendo la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la revisión y comentarios. Se establecerían mecanismos para garantizar la transparencia, divulgación oportuna y accesible de las decisiones adoptadas por la Comisión, así como espacios de diálogo y consulta permanente con el público.

Aspectos financieros y vigencia

Las funciones de la Comisión se desarrollarían con recursos asignados en los presupuestos de las entidades que la conforman, pudiendo además gestionar recursos de cooperación internacional y sector privado. El proyecto indicaría que el decreto vigente regiría a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y derogaría las normas que le fueran contrarias. Este proyecto de decreto representaría un paso normativo clave para fortalecer la institucionalidad ambiental en Colombia y garantizar los derechos fundamentales relacionados con el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Con su aprobación, se espera consolidar un mecanismo efectivo y participativo que permita cumplir con los compromisos internacionales y nacionales en materia ambiental, promoviendo así un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.