Contexto y competencia del tribunal

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, conoció en primera instancia la acción de tutela interpuesta contra el Consejo Superior de la Judicatura. Esta acción constitucional fue presentada para proteger el derecho fundamental de petición amparado en el artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado en el Decreto 2591 de 1991. La competencia de este alto tribunal para conocer el caso se fundamenta en el artículo 86 constitucional y normas reglamentarias vigentes.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante interpuso la acción de tutela alegando la vulneración de su derecho fundamental de petición, debido a la ausencia de respuesta a una solicitud presentada el 19 de febrero de 2026 al Consejo Superior de la Judicatura. La petición solicitaba copia íntegra de una circular administrativa expedida en 2002. La entidad, a través de su correo institucional, redirigió el requerimiento a otro buzón interno, sin dar una respuesta sustantiva hasta la fecha de la interposición de la tutela. Durante el trámite, el Consejo Superior de la Judicatura no presentó informe ni respondió a la solicitud, lo que llevó a la Sala a aplicar la presunción de veracidad de los hechos expuestos por el peticionario, conforme al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala comenzó por precisar la naturaleza de la acción de tutela como un mecanismo preferente, subsidiario e informal para la protección inmediata de derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales adecuados o estos resultan insuficientes para evitar un perjuicio irremediable. Respecto al derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo...