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Corte Suprema define competencia territorial en demanda ejecutiva contra entidad pública

Proviene de: Sentencias

15 de mayo de 2026 17:36:2

Contexto y tribunal competente

La providencia judicial analizada corresponde a un auto emitido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de resolver conflictos de competencia entre distintos despachos judiciales. El caso surgió a raíz de una demanda ejecutiva entablada por una entidad pública bancaria contra un particular, cuya radicación inicial fue en un juzgado local de Titiribí, Antioquia. Sin embargo, el juzgado de esta localidad decidió declinar competencia, argumentando que el trámite debía adelantarse en la capital de la República, donde se encuentra el domicilio principal de la entidad demandante. Por su parte, un juzgado de Bogotá también rechazó conocer del caso, planteando un conflicto ante la Corte Suprema.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda ejecutiva fue promovida para cobrar el saldo insoluto de un pagaré, y fue inicialmente presentada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Titiribí, basado en que el crédito fue solicitado en dicha sede y que el cumplimiento de las obligaciones estaba vinculado a esa localidad. El juzgado local declinó competencia, considerando que al tratarse de una entidad pública, el proceso debía tramitarse ante los jueces del domicilio principal, ubicado en Bogotá. El juzgado receptor en Bogotá, sin embargo, también se apartó del conocimiento del proceso, argumentando que la sucursal en Titiribí tenía relevancia y que el caso debía tramitarse en ese lugar. Ante esta discrepancia, se planteó el conflicto de competencia que llegó a la Corte Suprema.

Consideraciones jurídicas de la Corte

La Corte Suprema recordó que la competencia territorial en procesos contenciosos se regula principalmente por el domicilio del demandado, conforme al artículo 28 del Código General del Proceso, salvo disposición legal en contrario. No obstante, existen excepciones que pueden ser concurrentes por elección, sucesivas o exclusivas, dependiendo de la naturaleza del proceso y las partes involucradas. En este caso, la Corte enfatizó la prevalencia de la competencia establecida por la calidad de las partes, conforme al artículo 29 del Código General del Proceso. Dado que el demandante es una entidad pública con naturaleza de sociedad de economía mixta y con domicilio principal en Bogotá, la competencia privativa corresponde al juez del domicilio de dicha entidad. Sin embargo, la Corte aclaró que el domicilio relevante para efectos procesales no se limita necesariamente al domicilio principal; las personas jurídicas pueden establecer domicilios especiales o sucursales que son pertinentes para la competencia judicial cuando el asunto está vinculado a estas sedes. En virtud de ello, y considerando que la demanda está relacionada con una sucursal de la entidad bancaria en Titiribí, la Corte concluyó que el Juzgado Promiscuo Municipal de Titiribí es competente para conocer de la demanda ejecutiva. Además, indicó que la declinatoria de competencia realizada por el juzgado local no está ajustada a derecho, pues contraviene las reglas procesales sobre jurisdicción en casos con participación de entidades públicas.

Decisión adoptada

El auto de la Corte Suprema resolvió declarar competente al Juzgado Promiscuo Municipal de Titiribí para conocer la demanda ejecutiva promovida por la entidad pública bancaria. Asimismo, ordenó remitir de inmediato el expediente a dicho juzgado y notificar la decisión a las autoridades judiciales involucradas y a los interesados en el proceso. Este pronunciamiento reafirma la aplicación de las reglas de competencia por razón de la calidad de las partes y por territorio, garantizando un criterio claro para la asignación de procesos en los que intervienen entidades públicas con múltiples domicilios. Con esta decisión, se espera evitar futuras controversias similares y fortalecer la seguridad jurídica en los procedimientos ejecutivos contra entidades públicas, promoviendo una administración judicial más eficiente y coherente.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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