Contexto y antecedentes del proceso

La Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra una sentencia emitida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Tunja, que accedió parcialmente a una demanda presentada por un servidor público de dicha entidad. El litigio se centró en el reconocimiento y pago de la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013, la cual la entidad demandada había limitado únicamente como factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El demandante, servidor público vinculado desde mayo de 2013, solicitó la nulidad de actos administrativos que negaban la inclusión de la bonificación judicial como salario para la liquidación de prestaciones sociales, alegando violaciones a los artículos 25 y 53 de la Constitución Política y al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. La Fiscalía General de la Nación defendió la legalidad del Decreto 382 de 2013 y alegó impedimentos presupuestales para reconocer los pagos reclamados.

Fundamentos y consideraciones jurídicas

El tribunal de primera instancia declaró la inconstitucionalidad, para el caso concreto, de la expresión contenida en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013 que restringía el carácter salarial de la bonificación judicial, y ordenó su inclusión como factor salarial integral para la liquidación de prestaciones sociales. Además, reconoció la prescripción extintiva respecto de derechos anteriores al 31 de enero de 2022, limitando el restablecimiento al período posterior a esta fecha. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó...