La subdirección responsable de absolver consultas sobre normas tributarias y aduaneras en Colombia emitió un concepto aclaratorio sobre el inicio del procedimiento administrativo de cobro coactivo. Este procedimiento se basa en actos administrativos que prestan mérito ejecutivo y habilitan a la administración para exigir el pago de obligaciones tributarias. Según el artículo 828 del Estatuto Tributario, los documentos que constituyen título ejecutivo permiten iniciar el cobro mediante mandamiento de pago. Sin embargo, el numeral 4 del artículo 829 establece que los actos que fundamentan este cobro solo se entienden ejecutoriados cuando se hayan decidido en forma definitiva los recursos o acciones interpuestos contra ellos. El Consejo de Estado ha precisado que, si bien pueden interponerse recursos administrativos o demandas judiciales contra estos actos, la fuerza ejecutoria queda afectada mientras el término para ejercer estos medios de control no haya vencido o mientras esté pendiente la decisión judicial definitiva. En consecuencia, la administración no puede iniciar el cobro coactivo ni decretar medidas cautelares durante este periodo. Esta interpretación fue reafirmada en varias sentencias del Consejo de Estado, las cuales establecen que la ejecutoria se consolida solo cuando concluyen todos los debates jurídicos o cuando estos ya no pueden entablarse. Por ello, la administración debe verificar que el término para demandar haya expirado sin que se haya promovido el medio de control, o que exista una decisión judicial definitiva, antes de proceder con el cobro. Este criterio constituye un precedente vinculante de obligatorio cumplimiento para la administración tributaria, garantizando la protección de los derechos de los contribuyentes y la correcta aplicación del procedimiento tributario. La doctrina y normativa aplicable pueden consultarse en el normograma de la entidad tributaria. En resumen, la administración tributaria debe abstenerse de iniciar o continuar el cobro coactivo mientras los actos administrativos que lo fundamentan no tengan fuerza ejecutoria, protegiendo así el derecho de defensa y el debido proceso de los contribuyentes. Esta postura fortalece la seguridad jurídica y promueve un equilibrio entre el interés fiscal y los derechos de los ciudadanos, asegurando que las acciones de cobro se realicen bajo un marco legal claro y respetuoso.