La Subdirección encargada de absolver consultas escritas en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria de la DIAN emitió una respuesta general respecto a la interpretación y aplicación de normas vinculadas al procedimiento administrativo de cobro coactivo. Este procedimiento incluye la expedición de mandamiento de pago y la adopción de medidas cautelares sobre actos administrativos que cuentan con mérito ejecutivo, incluso cuando aún no ha vencido el término de caducidad para ejercer el medio de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Configuración de la ejecutoria de actos administrativos

En documentos oficiales recientes se explica que la ejecutoria de estos actos se configura en dos situaciones principales: primero, cuando se interponen recursos administrativos en debida oportunidad contra el acto administrativo, la ejecutoria se produce una vez estos recursos son resueltos de forma definitiva. Segundo, cuando los actos son demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la ejecutoria se difiere hasta que exista una decisión judicial definitiva. Esta distinción es fundamental para la adecuada aplicación del procedimiento de cobro coactivo y las medidas cautelares relacionadas.

Respeto a la normativa y procedimientos

Además, se recuerda que las instrucciones y comunicaciones emitidas por las áreas técnicas de la DIAN deben seguirse conforme a sus competencias y siempre respetando la ley, su reglamentación, los procedimientos establecidos, la jurisprudencia y la doctrina vigente. Esta orientación busca garantizar la correcta actuación de la entidad en sus procesos de fiscalización.

Herramientas para consulta y estudio

Finalmente, se pone a disposición el normograma de la DIAN, que reúne la normativa, jurisprudencia y doctrina vigente en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, para facilitar la consulta y estudio de estos temas por parte de abogados, funcionarios públicos y el público en general. En definitiva, esta orientación contribuye a clarificar aspectos clave del procedimiento de cobro coactivo, fortaleciendo la seguridad jurídica en la gestión tributaria y promoviendo la transparencia en los procesos administrativos de la DIAN. De esta manera, se busca que tanto los contribuyentes como la entidad actúen con mayor certeza y cumplimiento de la normativa vigente.