Providencia judicial en segunda instancia

El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de su Despacho 01, proferido el 19 de marzo de 2026, resolvió la impugnación contra un fallo de tutela emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta. La acción de tutela fue interpuesta por una víctima reconocida del desplazamiento forzado que solicitaba la priorización y pago de una indemnización administrativa previamente otorgada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Antecedentes fácticos y procesales

La persona accionante, víctima del desplazamiento forzado desde 2006, fue incluida en el Registro Único de Víctimas y reconocida mediante resolución administrativa como beneficiaria de una indemnización. Sin embargo, denunció la ausencia del pago tras casi cuatro años de expedición de la resolución, y la falta de respuesta de fondo por parte de la entidad ante su solicitud de priorización presentada en diciembre de 2025. Además, alegó un deterioro en su salud debido a un diagnóstico de carcinoma de piel, lo que agrava su vulnerabilidad socioeconómica. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta, en primera instancia, concedió el amparo únicamente al derecho fundamental de petición, ordenando a la entidad emitir respuesta de fondo en un término de cuarenta y ocho horas. No obstante, negó las demás pretensiones, incluyendo el pago inmediato de la indemnización, argumentando que este está sujeto a criterios de priorización y disponibilidad presupuestal. Inconforme, la parte accionante interpuso impugnación, señalando insuficiencia en la protección integral de sus derechos fundamentales y solicitando medidas adicionales para garantizar la reparación efectiva.

Consideraciones del Tribunal

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en su...