Contexto y tribunal

La providencia fue proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de un recurso extraordinario de casación contra la sentencia del 15 de mayo de 2025 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. El proceso se originó en una demanda verbal de responsabilidad civil contractual presentada por una sociedad arrendataria frente al arrendador Grupo G50 S.A.S.

Antecedentes de hecho y procesales

La sociedad arrendataria inició el proceso para reclamar la responsabilidad civil del arrendador por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, específicamente por no mantener el inmueble arrendado en condiciones aptas para el uso convenido y por perturbar el goce pacífico del bien. El inmueble objeto del contrato estaba declarado Bien de Interés Cultural y sujeto a estrictas regulaciones urbanísticas y culturales. El arrendador realizó obras de demolición y construcción sin las licencias requeridas, lo que generó sanciones administrativas y la orden de suspensión de las obras por parte de autoridades competentes. Estas intervenciones causaron deterioros graves que impidieron el uso del local comercial, provocando el desalojo administrativo del arrendatario. La demandante alegó que esta situación generó perjuicios económicos significativos que derivaron en la quiebra y liquidación de la sociedad. En primera instancia, el juzgado negó las pretensiones de indemnización y condenó en costas a la demandante. La sala de apelaciones confirmó dicha decisión. En el recurso de casación, la parte demandante impugnó la valoración de la prueba y la negativa a decretar pruebas de oficio para determinar el daño económico.

Consideraciones de la Corte Suprema

El Tribunal...