Contexto y antecedentes del conflicto

El conflicto surgió entre dos Comisarías de Familia ubicadas en diferentes distritos judiciales, a propósito del trámite de una medida de protección solicitada por una víctima de violencia intrafamiliar en favor de ella y sus hijos contra el presunto agresor. Inicialmente, la Comisaría del municipio donde ocurrieron los hechos aceptó la denuncia y dictó la medida provisional, pero remitió el expediente a la Comisaría del municipio donde supuestamente residía la víctima. Esta última rechazó la competencia, alegando que el domicilio de la víctima para el momento de la denuncia era el municipio donde se presentó originalmente el caso, y devolvió el expediente. Posteriormente, ambas Comisarías devolvieron sucesivamente el expediente entre sí y no siguieron el procedimiento adecuado para resolver el conflicto, lo que generó demoras en el trámite. Ante esta situación, la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver la controversia, señalando que se trataba de un conflicto interno dentro de la jurisdicción ordinaria, por lo que la competencia para dirimirlo correspondía a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de superior funcional común de las autoridades involucradas.

Fundamentos jurídicos para la resolución

La Corte Suprema recordó que las Comisarías de Familia, aunque son entidades administrativas, ejercen funciones jurisdiccionales en materia de medidas de protección por violencia intrafamiliar, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006 y la Ley 2126 de 2021. En este sentido, la competencia para conocer de estas medidas se asigna principalmente al lugar donde ocurrieron los hechos o al domicilio de la víctima...