Contexto y tribunal competente

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en segunda instancia, examinó un auto que resuelve sobre la práctica de pruebas en un proceso judicial por reparación de perjuicios causados a un grupo, instaurado inicialmente ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira y remitido al Tribunal por competencia. El asunto involucra a múltiples entidades públicas y privadas, incluidos organismos municipales y aseguradoras.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se relaciona con un deslizamiento ocurrido el 11 de junio de 2019, que causó daños a un grupo de personas. Se demandó al municipio y varias entidades vinculadas a obras y gestión del riesgo en la zona afectada. En el trámite, se presentaron solicitudes probatorias diversas, incluyendo documentos, testimonios técnicos y solicitudes de inspección judicial. También se involucraron llamadas en garantía a compañías de seguros.

Consideraciones y fundamentos de la decisión

Sobre la solicitud de adición de pruebas, el Tribunal examinó la petición formulada por una aseguradora llamada en garantía que solicitaba que se adicionaran pruebas y solicitudes probatorias que, según alegó, no fueron resueltas en providencia previa. Tras revisar el expediente, el Tribunal constató que dicha aseguradora no contestó la demanda en tiempo legal ni aportó pruebas, por lo que negó la adición solicitada conforme al artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable a las acciones de grupo por remisión del artículo 68 de la Ley 472 de 1998. En cuanto a los recursos de reposición interpuestos por varias partes, el Tribunal analizó pormenorizadamente cada uno con base en el artículo 318 del Código General del Proceso: - La aseguradora HDI Seguros solicitó la...